Imputada por homicidio culposo, en libertad y con fecha incierta para ser indagada. Esa es la situación de la abogada Gilda Graciela de Fátima Páez (67), la inquilina acusada de haber iniciado el incendio al descuidar una vela encendida en el edificio de calle Caseros al 39, en el Centro de Córdoba. El drama se registró en la madrugada del martes, cuando todos dormían, y dejó cuatro muertos.
Las llamas consumieron el monoambiente del 2° D y el humo inundó palieres y ascendió por las escaleras internas como parte de un efecto chimenea que resultó letal.
Precisamente, la acción del monóxido de carbono terminó causando la muerte en el lugar de cuatro vecinos del mismo edificio.
Las víctimas fueron: Luca Iván Escudero (19) y Marquesa Luna Chiapello (20), Juan Antonio Paz (52) y Victoria Zangheri (30). En tanto, hubo 40 habitantes autoevacuados que están fuera de peligro. Entre ellos se encuentra la abogada imputada.
La causa está en manos del fiscal de instrucción José Mana, quien trabajará con un equipo judicial mientras dure la feria.
Concluida la feria judicial de julio, el expediente pasará por turno a su par José Bringas.
Desde Gobierno dijeron que el accionar de los bomberos fue eficiente. Llegaron a los pocos minutos y montaron un amplio operativo.
La acusada es empleada de planta de la Municipalidad de Córdoba. En la actualidad, trabaja para el Concejo Deliberante.
La Voz se comunicó con la imputada, quien evitó referirse al tema, aunque se mostró realmente afectada por lo sucedido.
Lo urgente y lo secundario
El fiscal Mana, quien ya dictó el secreto de sumario, entiende que hay dos partes en la pesquisa por la tragedia del edificio: lo urgente y lo secundario aunque no menos importante.
Lo urgente era realizar las autopsias a las víctimas (todas fallecieron en principio por intoxicación con monóxido de carbono) y la realización de distintos peritajes técnicos, por parte de la Dirección Bomberos y de la Policía Judicial.
En ese marco, se esperan las conclusiones finales sobre la causa del siniestro y lo que sucedió.
En paralelo, arrancó la toma de testimonios a vecinos.
Lo secundario de la pesquisa, pero no menos importante, tiene que ver con la seguridad del edificio.
Como ya se indicó en La Voz, las miradas están puestas en la falta de “cajas de escalera”, es decir la no existencia de puertas de cierre hermético en los accesos a la escalera en cada piso. Eso marca la normativa.
Precisamente, la carencia de esas puertas de seguridad terminó agravando el drama: el humo del segundo piso inundó todo el ambiente y llegó a los pisos superiores sin inconvenientes. Fue el efecto chimenea que causó la muerte de cuatro de los ocupantes del propio complejo.
Está claro, a priori, que el siniestro se produjo por el presunto accionar negligente de una persona que encendió velas en su departamento y se habría ido a descansar.
Los pesquisas tienen claro que todo se agravó por el “efecto chimenea” que se generó.
“Con medidas de seguridad adecuadas, posiblemente el siniestro no habría sido tan grave. Si bien no se puede hacer futurología, y menos en torno a una tragedia, está claro que todo se agravó por la falta de esas puertas de emergencia”, indicó una alta fuente de la causa.
La seguridad del edificio
El drama sucedió en la segunda torre del edificio Veracruz ubicado en calle Caseros al 39, a metros de la Facultad de Derecho y de la Manzana Jesuítica. Se trata de un complejo que tiene más de 15 años, según fuentes del caso. De todos modos, faltan certificaciones oficiales.
En el marco de las averiguaciones que ya se iniciaron, por parte de los pesquisas, está determinar la seguridad con que contaba el edificio, si la habilitación estaba en orden y cómo se había firmado.
Se intenta comprobar si, además de la falta de esas puertas de emergencias en los accesos a las escaleras, existía o no alguna otra deficiencia que pueda haber coadyuvado al desastre.
“Todo se va a investigar. Todo. Primero están las medidas urgentes y luego las menos urgentes, pero todo se va a investigar. Y si se detectan faltas a la ley, habrá las imputaciones correspondiente”, remarcó una fuente de la causa.
En este punto, los voceros consultados no descartaron que pueda haber más imputaciones en torno a la pesquisa por la tragedia.
Desde la Dirección Bomberos –una fuerza que por cierto quedó en el ojo de la tormenta por una investigación en torno a habilitaciones truchas a comercios e inmuebles de grandes superficies y que tienen a varios exjefes presos e imputados (como Gustavo Folli)– dejaron trascender que hay edificios que no cuentan con medidas de seguridad acordes a estos tiempos. Todo deberá ser analizado e investigado.
Se viene un fuerte litigio
En Tribunales II ya vislumbran un fuerte litigio penal en torno a la tragedia del edificio, uno de los siniestros mas graves, por su saldo, de los últimos años. Todo hacer prever que habrá querellantes y es probable que se pidan agravar cargos, además de demandas civiles importantes.
El anterior desastre con múltiple saldo de víctimas en Córdoba Capital fue el incendio del geriátrico Le Petit Residence, ocurrido en 2010 y que dejó seis muertos y varios heridos.
El establecimiento no contaba con habilitación, entre otras irregularidades, según determinó la Justicia.
En 2018, el dueño fue condenado a la pena de 3 años de prisión en suspenso. Se trata de Jorge Nicola, quien fue hallado culpable de homicidio culposo agravado por la pluralidad de víctimas y lesiones graves culposas reiteradas. Se consideró que fue imprudente y negligente.
Indagatoria a la acusada
La abogada imputada por el incendio concurrió este miércoles a los Tribunales II y fue notificada en la fiscalía sobre la imputación que pesa sobre ella: homicidio culposo. Deberá poner defensa y peritos.
No hay fecha precisa sobre la indagatoria. Se espera que la fiscalía avance en la causa y en la recolección de las pruebas para recién llevar adelante el acto procesal.
