Hay un dicho tristemente frecuente: “la Justicia tarda, pero llega”. Sin embargo, el pasado sábado trascendió una condena en un tiempo considerado como récord contra un hombre que hace menos de dos meses fue detenido por robar cables en la vía pública.
La Voz ha dedicado extensos informes a reflejar esta reiteración de robos de instrumentos públicos, y en este caso de cables, que se reproducen en los barrios periféricos de la ciudad de Córdoba. Al contrario de lo que comúnmente ocurre con la impunidad que encierran estos hechos, el Juzgado de Control en lo Penal Económico condenó a cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo a un imputado.
Todo fue resuelto durante un juicio abreviado que tuvo una sola audiencia el pasado 16 de marzo. Ese día, el juez Gustavo Hidalgo resolvió en cuestión de horas la prisión preventiva del imputado, luego dio comienzo al proceso y finalmente dictó su sentencia.
Por robar cables de cobre en reiteradas ocasiones, el acusado recibió la pena de cinco meses de prisión y deberá cumplirla de manera efectiva.
La historia tiene también otros puntos llamativos. El hombre (se resguarda su identidad) había sido arrestado por la Policía el martes 31 de enero, en el marco de una investigación más amplia que pesaba sobre su persona. El día que “cayó”, estaba robando por enésima vez cables de cobre de telefonía, según consta en la causa.
Hidalgo lo sentó en su despacho y dictó el fallo en una audiencia oral única. Esta instancia está prevista, según explicaron fuentes judiciales, por el Plan Piloto de Litigación Oral Penal y sirve para definir una detención cautelar.
El acusado prestó su aceptación para la modalidad del proceso
El cuerpo respaldatorio está dispuesto en sendos artículos del Código Procesal Penal (CPP) provincial. En particular, se trata del 336 y el 336 bis que establecen el procedimiento oral para resolver acerca de una prisión preventiva.
Con el acusado de frente, el magistrado hizo lugar a la prisión preventiva que había sido solicitada por el Ministerio Público Fiscal (MPF). Para hacerlo, se basó en los argumentos que esgrimió la fiscal de Instrucción, Daniela Maluf. El imputado, en tanto, escuchaba sentado sin saber cuál iba a ser su destino pero con la clara intención de “zafar”.
Sin embargo, su rostro comenzó a desfigurarse casi de inmediato. Es que según surge de la información judicial, tanto la fiscal como su defensa renunciaron a otros recursos y acordaron un procedimiento abreviado.
Pero eso no fue todo. La asesora letrada renunció también al procedimiento escrito. Vale decir que esta instancia está prevista por el artículo 130 bis del CPP y podría haber extendido el proceso.
Al instante, Maluf acusó al imputado en forma oral. Además, solicitó un juicio abreviado inicial.
Economía de recursos judiciales: juicios cortos para delitos en flagrancia
Este procedimiento está contemplado en el artículo 356 en función del 415 del CPP. Fue ideado como un beneficio en términos de economía de recursos. No obstante, es un derecho del imputado a una conclusión anticipada y por ende éste debe prestar su entera conformidad para que sea aplicable.
Como es de sospecharse, la defensora del imputado dio su conformidad. Esto dio pase al debate entre el MPF y la defensa, que culminó en la misma audiencia.
El resultado ya se conoce: fue la condena a prisión efectiva del hombre sometido a este particular proceso. La pena le valió por el delito de robo en grado de tentativa.
Este inusual hecho se valió de normas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). El órgano superior estableció estos reglamentos para una puesta en marcha gradual de audiencias orales de prisión preventiva.
De acuerdo a estas pautas, la implementación de las modificaciones del proceso penal se limita a casos de flagrancia y cuasi-flagrancia ocurridos de la sede judicial Capital, bajo la competencia correspondiente a los juzgados de Control y Faltas de la ciudad de Córdoba.
