Tras la detención de dos de sus hermanos en la causa por corrupción en la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Sandra Ruiz dejará de ser secretaria privada del fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado.
Ruiz, quien es personal civil de la FPA, no seguirá en el despacho del fiscal ni volverá a la fuerza, sino que será reubicada “en algún sector donde no tenga ningún tipo de contacto” con la situación de sus hermanos, detenidos e imputados por delitos que surgieron a partir del faltante de drogas decomisadas en operativos realizados en la cárcel de Cruz del Eje.
Desde el 24 de mayo de 2018, Sandra Ruiz es administrativa técnica categoría 2, personal civil de la FPA. Trabaja las seis horas de convenio –de 8 a 14– y para que cumpla tres horas adicionales –hasta las 17–, Delgado había pedido días atrás una extensión horaria y una promoción a la categoría de administrativa técnica categoría 1.
La nota dirigida a la FPA fue enviada por Delgado hace apenas una semana. El fiscal General había repasado con conceptos elogiosos la trayectoria de Ruiz, para pedir la ampliación de su jornada y la promoción.
En diálogo con La Voz, Delgado confirmó que retiró ese pedido. “No se trataba de un ascenso, sino que al requerir una extensión de jornada, cambiaba su categoría”, explicó.
En su nuevo destino, seguirá siendo administrativa categoría 2, con seis horas de carga laboral.
El texto de la carta de Delgado en la que pedía el cambio de categoría figuraba hasta este miércoles en el sistema informático.
“Esta medida la tomamos para dar señales de transparencia institucional, pero no porque suponga algún tipo de sospecha. ¿Qué mejor ejemplo de que no tuvo nada que ver con el accionar de sus hermanos que el hecho de que su trabajo en esta oficina de nada les valió, no gravitó, no los benefició de ningún modo? Desde el primer momento, el fiscal (Juan Pablo) Klinger trabaja con la instrucción de llevar hasta las últimas consecuencias esta investigación, que surgió de una denuncia de la propia FPA”, remarcó Delgado.
Hay que aclararlo: no hay (aún) ningún elemento en la investigación que lleva adelante Klinger que vincule a Sandra Ruiz con delito alguno, ni en las causas que involucran a su hermano detenido Sergio Ruiz, segundo en la brigada de Lucha contra el Narcotráfico en Cruz del Eje, y tampoco en el caso que alcanza a Eduardo, el otro hermano detenido, que también era parte del equipo de la FPA en esa ciudad.
“Es una persona que está sufriendo esta situación, que involucra a sus hermanos, no a ella”, lamentó Delgado.
Qué hacía Sandra Ruiz en la Fiscalía General
Ruiz era una de las tres secretarias que atienden la Privada de Fiscalía General. Aunque Delgado asegura que no hay relación de jerarquía entre las tres, diversas fuentes coinciden en que era quien tenía a su cargo el despacho. Ruiz estaba ya en ese lugar cuando asumió Delgado. Antes, había servido como secretaria privada del fiscal General adjunto José Gomez Demmel.
¿Qué hacía allí Sandra Ruiz? Manejaba la agenda de Delgado, concedía audiencias, derivaba llamadas. En un parangón sanitario: hacía el triaje de las urgencias de mensajes, llamadas y alertas. Y en al menos dos casos, que tuvieron repercusión pública, realizó denuncias.
Fue Ruiz quien primero alertó sobre los rayones que aparecieron en el vehículo oficial que usa el fiscal general, lo que en mayo de 2022 llegó a que se abriera una investigación para identificar a los autores, bajo la sospecha de que se trataba de un acto de intimidación. El coche fue vandalizado en su carrocería mientras se encontraba estacionado en la playa de estacionamiento privada que funciona en el edificio de Tribunales I, en el Centro de Córdoba. Era la cuarta vez que ocurría un hecho de características similares.
Un año antes, fue quien descubrió y alertó sobre un presunto acto de espionaje. En mayo de 2021, el entonces ministro de Seguridad de la Provincia, Alfonso Mosquera, llegó al despacho de Juan Manuel Delgado, jefe de fiscales, para mantener una reunión y dialogar sobre las notificaciones a manifestantes que protestaban en ese momento contra la cuarentena que había ordenado el fiscal Andrés Godoy. En plena reunión entre los funcionarios, Ruiz ingresó para avisar que dos policías, una mujer y un hombre, estaban escuchando detrás de la puerta. Ambos habrían estado descalzos y, al ser descubiertos, salieron corriendo. Luego los alcanzaron en la calle, los identificaron y los sancionaron.
También atribuyen a Ruiz otra medida de “seguridad”: el impulso de la colocación de cámaras en el ingreso a las oficinas de Delgado. Esto tendría que ver con un hecho no denunciado: la presunta desaparición de documentos que estaban en el escritorio del fiscal General. Como nunca se pudo dilucidar si fue eso o un extravío, Ruiz convenció a Delgado de que no estaba de más poder grabar quién entra y quién sale de sus oficinas.
De la Legislatura a Fiscalía General
La prehistoria de la saga de los hermanos Ruiz comienza en Cruz del Eje, con otra Ruiz, Graciela, durante casi una década diputada provincial, convencional constituyente, legisladora y presidenta del Consejo Provincial de la Mujer.
“La Chela” Ruiz, sin parentesco con los hermanos ahora detenidos por escándalo de la FPA, fue durante una década la figura política más importante del departamento. Abogada, nacida y criada en San Marcos Sierras, ya era muy conocida por su abuelo Clemente Tulián, descendiente del cacique comechingón Tulián, quien da nombre a la plaza principal de la ciudad. Ruiz se hizo una figura popular tras ser durante años organizadora del Festival Provincial de la Miel Serrana (ahora Fiesta Nacional). Eso la llevó, primero, a cargos municipales y luego a ser candidata en una boleta del peronismo provincial.
Cuando accedió a su primer cargo legislativo, “la Chela” nombró a Sandra como su secretaria privada, a quien conocía “del pueblo” y por estar casada con un policía de su confianza, según confían en Cruz del Eje. Desde ese lugar, dicen que, por pedido de Sandra, “Chela” solicitó que los dos hermanos de su secretaria, Sergio y Eduardo, pasaran de la Policía provincial a la recién creada Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), donde iban a poder crecer.
La FPA, creada tras el caso conocido como “narcoescándalo”, en el que se investigaban transacciones poco claras entre investigadores de Drogas Peligrosas y dealers, traficantes y “buchones” –las coincidencias con los relatos del presente son notables–, exigía a sus nuevos integrantes una formación específica. Los Ruiz hicieron el curso, lo aprobaron y en 2016 quedaron efectivizados.
Cuando ya expiraba el mandato de “Chela” como legisladora, Sandra pidió el mismo favor, pero para ella misma, cuentan fuentes legislativas. Y en 2018 pasó de la Legislatura a la FPA, como personal administrativo. Por las dudas, en 2018 Sandra había abierto un negocio, que aún figura inscripto en los registros de Afip bajo las categorías de estética femenina, manicuría y peluquería.
Graciela Ruiz tampoco se fue a su casa: buscó cobijo en quien es su referente político, la senadora Alejandra Vigo –esposa de Juan Schiaretti, por entonces gobernador de la Provincia–, quien la puso al frente del Consejo Provincial de la Mujer que controlaba como bastión propio en la estructura de gobierno para bloquear la influencia de quien había creado ese organismo: Olga Riutort, exesposa de otro gobernador, José Manuel de la Sota.
Otro Ruiz, de Hacemos por Córdoba, sin parentesco tampoco, fue legislador entre 2019 y 2023 por el departamento: Antonio Ruiz. En la última elección, el peronismo perdió la banca, que quedó en manos del radical Fernando Luna, de Villa de Soto.
Los involucrados en el escándalo de la FPA
En la causa, además de los hermanos Ruiz, están imputados un funcionario judicial que trabajaba como secretario de la Fiscalía Móvil de Lucha contra el Narcotráfico, que tiene sede en Cosquín y está a cargo del fiscal Raúl Ramírez. También está imputado el exjefe de brigada de la FPA en Cruz del Eje, y fue detenido quien lo sucedió en el cargo, Néstor Márquez.
El detonante de la investigación fue la detección de un faltante en los decomisos de drogas de un operativo de control en la cárcel de Cruz del Eje: 158 gramos de marihuana y 357 gramos de cocaína.
Klinger, con el mayor sigilo, allanó y secuestró las computadoras de la Fiscalía Móvil. E investiga los lazos que podrían tener algunos de los detenidos con otros funcionarios judiciales.
