El primer día de diciembre de 2025, el gobernador Martín Llaryora despejó con holgada anticipación la incógnita de quién será el nuevo fiscal general, ante la salida de Juan Manuel Delgado en el año que comienza. Para terminar con decenas de especulaciones, el titular del Ejecutivo provincial designó a Carlos Rubén Lezcano como nuevo titular del Ministerio Público fiscal cordobés.
Nadie podrá reprocharle al sucesor de Delgado ni a quien lo designó que el nuevo “jefe de los fiscales” no conoce el paño de los Tribunales provinciales, ya que ha sido juez de control durante un prolongado período. Casi un cuarto de siglo en ese ámbito no sólo le asegura conocimiento respecto de lo que pasa en el ámbito judicial, sino que además cuenta con un alto grado de aceptación de quienes lo tienen como alguien que, lejos de aterrizar como paracaidista, conoce muchas de las necesidades y de las dinámicas del juego tribunalicio.
Más allá de las discusiones que se suscitan sobre el sesgo que pueda tener quien encabezará la política criminal de la Provincia en los próximos años, se espera para el presente año que Lezcano implemente una serie de políticas judiciales que se iniciaron en la gestión Delgado. Esas iniciativas son ambiciosas para la administración de justicia y para quienes diseñan esas prácticas.
Hay tres programas que ya están diseñados y que son norte para el Ministerio Público Fiscal, con el desafío de que será este año el de su efectiva puesta en marcha. La gestión de Juan Manuel Delgado batalló para avanzar en estas tres iniciativas y consiguió iniciar algunas tareas, pero será Lezcano quien deba plasmarlas en la práctica, de manera integral y efectiva.
El primero es el sistema integral de flagrancia, que sobre fines de 2025 ya alcanzó un espaldarazo clave para avanzar definitivamente en su concreción real: se prestó acuerdo para la designación de nueve fiscales, con sus respectivos equipos de trabajo, sus edificios y todo el equipamiento necesario.
Se encuentra finalizado el protocolo de trabajo con el Servicio Penitenciario y la Policía, lo mismo que los manuales de proceso “paso a paso” (todo coordinado con el Tribunal Superior de Justicia) para que el sistema de abordaje de delitos en flagrancia esté perfectamente delimitado. Todo está descripto para un preciso manejo procedimental, desde que llega el móvil policial con el detenido hasta que se define un juicio abreviado o se da solución a la situación del reo.
Aunque no suene muy bien para este ámbito, este recorrido está planteado como si fuera una “línea de montaje” y es posible de este modo porque supone un diseño probatorio sencillo, con actos procesales repetitivos. Aquellas causas de mayor complejidad, que exceden la simple flagrancia, se derivarán a la unidad territorial que corresponda.
El segundo punto de los desafíos 2026 del MPF es consolidar el “Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia”, iniciado parcialmente en Capital y que busca consolidarse en otras sedes del interior provincial.
El propósito es extender la idea que ya se está llevando a cabo en la ciudad de Córdoba: que cada fiscal se identifique con un territorio. Pero ahora, en Capital, se avanzará más para que coincidan territorialmente los distritos judiciales con los distritos policiales.
De esta forma, se pretende que un fiscal tenga su comando de acción preventiva, su comisario y su brigada de investigación, todos con la misma zona. Esto pretende que todos sepan quiénes son los integrantes de ese territorio: que lo sepa el fiscal, que lo sepa la Policía y que lo sepan los ciudadanos.
La idea es llegar en 2026 a 27 distritos, para completar todo el territorio de la ciudad de Córdoba, Gran Córdoba y localidades satélite. Antes del final de la gestión Delgado, se espera añadir las fiscalías de Los Boulevares y Santa Isabel, con lo que se completaría el núcleo dentro de la Circunvalación.
Luego se debe avanzar con otras unidades territoriales, como Malvinas Argentinas, Río Primero, Sierras Chicas y una nueva en Villa Carlos Paz (con sede en Malagueño). Además, se abrirá una nueva fiscalía en Cosquín (2° Turno) y dos unidades territoriales en Río Cuarto.
En esas sedes se busca un diseño novedoso, con el fiscal sentado allí mismo, no como antes, que estaba alejado de una unidad judicial.
El tercer proyecto que debe afianzarse en este 2026 es la reforma integral de la respuesta de Violencia Familiar y de Género. En San Francisco, Villa María y Río Cuarto se creará la especialización de Violencia Familiar y de Género en las respectivas fiscalías. También está prevista la creación de tres nuevas en Cosquín, Jesús María y Villa Dolores, con competencia exclusiva.
Una asignatura pendiente es la revisión de los “parámetros de gravedad” para el abordaje de las denuncias de violencia de género, a partir del compromiso tomado luego del caso del femicida Pablo Laurta y los sumarios internos iniciados en el Poder Judicial.
También se debe profundizar la refuncionalización del Polo de la Mujer, algo que inició la exfiscal adjunta Bettina Croppi (desde este año, en la Procuración Penitenciaria) y que en Capital debe transformarse en una gran unidad fiscal con la integración de las seis fiscalías especializadas en Violencia Familiar y de Género y las dos de Delitos contra la Integridad Sexual.
