Mientras pesaban sobre él fuertes sospechas de haber instalado en baños de mujeres de los Tribunales de Río Segundo y de Jesús María dispositivos para captar imágenes, el pasado miércoles presentó su renuncia el asesor letrado itinerante Ginés Martín Jodar.
Acorralado por la investigación que le había iniciado el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a través de su Oficina de Sumarios Administrativos y con numerosos elementos secuestrados de esas sedes judiciales y de los despachos donde se desempeñaba, el asesor letrado (defensor oficial) presentó su dimisión. De este modo, el TSJ dio por finalizada la pesquisa en su contra.
Hace unos años, hubo un ayudante fiscal que maltrataba a sus empleadas con dichos o conductas denigrantes y un secretario que filmaba a mujeres debajo de sus polleras. Ambos terminaron investigados y echados del Poder Judicial.
Ahora, se reunieron numerosos indicios de que otro dependiente instalaba cámaras en los baños de mujeres para tomar imágenes en su intimidad. En varias oportunidades, había sido visto en el interior de los baños o antebaños de ambas sedes, sin que pudiera explicar el porqué de su presencia. Personal de limpieza (mujeres) lo habían sorprendido y él no supo justificar qué hacía “agazapado” debajo de un lavabo.
Cuando la dependiente del servicio privado de higiene revisó, comprobó que debajo de la mesada había una suerte de “cuerina” doblada que estaba adherida a esa superficie y con un pequeño orificio de alrededor de un centímetro de diámetro.
Como luego se verificó, en otros baños había “dispositivos” similares instalados, en su mayoría medias (zoquetes) anudadas al caño de descarga del lavatorio o al caño de ingreso del bidé. Lo común a todos esos dispositivos era el agujero que apuntaba en dirección al inodoro. La Voz accedió a una de las fotos que manejaban las víctimas.
Varios baños de mujeres contenían esas “medias” con un huequito, aunque en ningún caso se halló nada más en su interior.
Paralelamente, se comentaba que la llave de uno de esos baños había desaparecido y que a Jodar se lo encontraba habitualmente en torno de esos sanitarios o en su interior.
Al tomar contacto con esa novedad, la jueza de Río Segundo a cargo de la Superintendencia se comunicó el 14 de marzo con el administrador general del Poder Judicial, Luis María Sosa Lanza Castelli, quien tomó nota y transmitió lo relatado a la vocal del TSJ Aída Tarditti.
Esta jueza, a cargo de la Oficina de Sumarios Administrativos, dio instrucciones al titular de este organismo, Tristán Mauricio Quiles Buteler, quien de inmediato se ocupó del caso y se trasladó a la sede donde se denunciaban las irregularidades. Ese mismo día, el instructor de investigaciones administrativas constató las irregularidades que se venían refiriendo. Al día siguiente, se ejecutaron allanamientos y, si bien ya no se hallaron muchos de los dispositivos, sí pudieron hacerse de al menos uno y se secuestró la computadora del despacho de Jodar, como así también su teléfono celular.
El pasado miércoles, acompañado de su abogado,Alejandro Pérez Moreno, Jodar se presentó en Tribunales 1 y ante el TSJ presentó su renuncia por razones personales.
Ese solo acto clausuró la investigación administrativa interna por no ser más dependiente del Poder Judicial. Desde la cúpula de la Justicia, se indicó que ya no era posible seguir evaluando el desempeño de Jodar porque ya no es dependiente.
También se sostuvo desde esas altas esferas que, de concretarse las presunciones sobre toma de imágenes a través de cámaras disimuladas dentro de los baños, eso no constituye delito porque no está tipificado en nuestro Código Penal. Sólo es delito si las víctimas son menores de edad.
También las fuentes judiciales indicaron que toda la prueba que secuestraron los gabinetes técnicos de la Policía Judicial quedó “resguardada” ante cualquier eventualidad. Entre el material que trascendió que se había incautado, además de los dispositivos electrónicos, hay medias con la perforación, una llave de uno de los baños de mujeres y otros elementos que comprometerían a Jodar. Además, los testimonios son unívocos y coincidentes con las sospechas.
Reclamo de trabajadoras
Pero, para las mujeres que hoy sienten que fueron espiadas por un “fisgón”, la cuestión no termina ahí. Tanto en Río Segundo como en Jesús María, muchas trabajadoras están inquietas ante el temor de haber sido grabadas por cámaras indiscretas en un lugar íntimo. Les preocupa el destino y eventual uso de esas imágenes.
Si bien para la fría ley no hay un delito, consideran una cuestión de violencia de género que alguien instale cámaras en un baño.
Así lo constató este martes el secretario general de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), Federico Cortelletti, quien se trasladó a Río Segundo y se reunió con las “compañeras” que pretenden que siga investigándose qué sucedió con esos dispositivos instalados en los baños a los que ellas concurrían a diario.
Mientras el gremio ya anunció que realizarán una presentación para que continúe la investigación (penal) a cargo de un fiscal de turno o en el fuero de Violencia de Género, la secretaria adjunta de AGEPJ, Agostina Noccioli, sostuvo que la Justicia es responsable de “prevenir y erradicar situaciones de violencia de género”.
Responsabilidad de la institución
La dirigente gremial agregó que “para eso toda la estructura correspondiente al Poder Judicial, como la Administración General, Recursos Humanos, Medicina Laboral, superintendencias, entre otros, deben estar capacitados en la temática”.
“Que la mirada estructural del empleador debe estar puesta en la prevención de estas violencias no lo dice sólo el sindicato, sino más bien es lo que ordenan los pactos internacionales con rango constitucional que el Estado argentino ha suscripto y ante la violación de los cuales eventualmente debe responder”, completó Noccioli.
Desde el gremio de los trabajadores, recordaron que se encuentra suspendida la implementación del “Protocolo de prevención en violencia laboral y/o de género” del Poder Judicial e insistieron en que es imperiosa su aplicación.
Señala Noccioli que “el Estado es responsable de controlar y prevenir numerosas conductas que suceden y que, no siendo delito, es necesario erradicar”. La secretaria adjunta sostiene que debe haber “una mirada institucional, de la que todos somos responsables”. “Esa mirada integral y transversal es la que estamos pidiendo”, añade.
Sobre la conducta de Jodar y de otros varones en el ámbito judicial, la dirigente gremial sostiene que, “si bien este no es delito, sí configura un hecho de vulneración del derecho de la intimidad de la mujer trabajadora”. “De constatarse –agrega–, constituye un acto de violencia de género”.
Refiriéndose a casos como el de los agentes ya exonerados por conductas de este tipo, como el ayudante fiscal Ernesto Morales y el secretario Mariano Rubén Cipolla Sánchez, Noccioli reflexionó que debe haber “un mayor control sobre el magistrado o funcionario judicial, y que la propia institución debe generar esos mecanismos”.
