- Los siete acusados por traficar 372 kilos de marihuana en 2013 recibieron ayer penas de entre 3 y 12 años de prisión.
- Las defensas habían pedido la nulidad porque aseguraban que la aeronave fue "bajada" a tiros.
Minutos antes de las 13.30 de ayer, un tenso silencio inundó la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal N° 1, en la torre judicial ubicada a sólo metros del parque Sarmiento, de la ciudad de Córdoba. A esa hora, los policías federales anunciaron que los jueces Jaime Díaz Gavier, Julián Falcucci y José Asís ya estaban listos para dar a conocer el veredicto.
Los siete acusados sólo aguardaban que declarasen todo nulo, ya que los defensores habían puesto énfasis en los alegatos en que aquella avioneta repleta con 372 kilos de marihuana, descubierta en un campo cordobés en aquel ya lejano septiembre de 2013, en realidad había sido "bajada" a los tiros por los policías.
Pero apenas Díaz Gavier comenzó a enumerar el fallo, esa tenue ilusión que sostenían se desvaneció. “1. No hacer lugar a las nulidades...”, arrancó el juez federal y pareció cortar el ya tenso el aire de la sala con una tijera filosa.
En sólo un puñado de minutos, enumeró las siete condenas, dos de ellas con montos de entre 10 y 12 años de prisión efectiva.
Y concluyó la lectura ordenando el decomiso de la avioneta Cessna 182F, matrícula ZP-BAP, que según los registros judiciales ya había sido utilizada varias veces para traficar drogas a gran escala desde países vecinos hacia territorio argentino. En ese mismo ítem, se enumeró también a una camioneta Toyota Hilux, un Volkswagen Bora, bidones de nafta, dinero en efectivo, celulares, chips y aparatos de GPS.
Se trata de todo el material que los narcos habían llevado aquel 11 de septiembre hasta un campo rural de la localidad de Obispo Trejo, donde desplegaron una pista clandestina entre los yuyos.
Los traficantes ignoraban que desde hacía meses, y gracias a una precisa llamada anónima, un grupo de investigadores de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico de la Policía provincial seguía cada paso que daba esta banda liderada por Ricardo “Ricky” del Castillo.
Este santiagueño oriundo de La Banda ayer escuchó que deberá purgar una pena de 12 años de prisión por el delito de contrabando calificado y organización del delito de transporte de estupefacientes. No se trata esta de la primera causa de este tipo por la que termina acusado, por lo que continuará preso sin necesidad de que este fallo en su contra quede firme.
Los policías tampoco sabían que aquel operativo sería el último secuestro de envergadura de esa división, que justo en aquellos días de 2013 estaba viviendo su hora más dramática en medio del llamado “narcoescándalo”.
Sólo cuatro días antes se había conocido la muerte del policía Juan Alós. Aún se presume que se trató de un suicidio tras verse involucrado en una denuncia por una supuesta connivencia entre narcos y agentes policiales, investigación que en ese momento había alcanzado gran trascendencia mediática. Pero esa es otra historia.
Eslabones
Junto con Del Castillo, los investigadores le endilgaron el rol de líder a Sebastián Villafañe (conocido como “Nipón” o “Japonés”), quien figuraba en aquella época como el dueño de un reconocido local de choripanes en barrio Poeta Lugones. Ayer recibió 10 años de prisión, condena que en su caso recién comenzará a cumplir cuando quede firme.
Debajo de ellos dos, de acuerdo con el esquema esbozado por la investigación y que ahora los jueces dictaminaron como válido, estaban Juan Aranda (habría sido lugarteniente de Del Castillo), condenado a cuatro años de cárcel; Ángel Daniel Molina (respondía a Villafañe), quien recibió cinco años de prisión; José Ariel Machuca (acusado de confabulador) y Ramón Ñáñez (sindicado por facilitar el lugar donde aterrizó la avioneta), quienes terminaron con tres años de condena en suspenso.
En tanto, el paraguayo Ireneo Salas González también recibió tres años de cárcel, pero de cumplimiento efectivo. Se cree que su misión respondía al vendedor de la droga: corroborar que el cargamento narco llegara a destino.
Durante los alegatos, el fiscal de Cámara Carlos María Casas Noblega había pedido condenas por montos un poco más elevados que los que ayer terminó por imponer el Tribunal.
Además, el acusador había puesto énfasis en derrotar al principal argumento de los defensores: un perito de Gendarmería aseguró en el juicio que la avioneta pudo haber sido “bajada” a tiros cuando aún estaba volando, cuestión que Casas Noblega puso en entredicho, por lo que pidió que este gendarme fuera investigado al terminar el juicio.
En el fallo que se leyó ayer, no hubo mención a este pedido, por lo que ahora habrá que aguardar los fundamentos que se divulgarán el próximo miércoles, a las 12, para conocer si los jueces consideraron pertinente o no avanzar en una causa contra el perito de la fuerza verde.
