Un dirigente gremial detenido en la cárcel de Villa María y media docena de imputados, entre los que figuran su esposa y su hijo, además de varios miembros del sindicato, ilustran la foto actual de una causa que se destapó en marzo de este año, cuando fue allanada la sede del Centro de Empleados de Comercio (CEC), uno de los gremios más numerosos de la ciudad.
El caso tiene al dirigente Héctor Maccarini (59), actual secretario general y expresidente de la Federación Mercantil, como figura central. Su detención bajo prisión preventiva es uno de los aspectos más delicados de un conflicto que tiene como trasfondo la disputa por la posesión de una propiedad céntrica y denuncias por acoso laboral que derivaron de presuntas lesiones graves psicológicas sufridas por dos mujeres que integran el gremio.
Esta crisis institucional y la serie de acusaciones penales sacuden al ámbito sindical de Villa María. El CEC es un histórico protagonista de la vida gremial, social y política de la ciudad.
Allanamientos e imputaciones
A fines de mayo, la fiscal de Segundo Turno, Juliana Companys, ordenó la detención de Héctor Maccarini, quien se presentó en Tribunales una semana después, cuando la fiscal ya había dictado la orden de captura nacional.
El complejo entramado judicial alcanzó también a Pablo Maccarini, hijo del dirigente detenido y abogado del sindicato, y la esposa del gremialista, Elizabeth Lenti, imputada por amenazas contra una de las denunciantes de la causa por un caso de supuesto maltrato laboral.
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La trama se inicia con una aparente crisis institucional entre el CEC y la Federación Mercantil, dos entidades de peso en el ámbito local.
El epicentro de esa disputa fue una propiedad en Salta 1122. Según las imputaciones, Héctor Maccarini y otras personas habrían ingresado a la sede de la Federación y cambiado las cerraduras sin la debida autorización. El hecho que dio origen a las acusaciones de “turbación de la posesión” contra el dirigente gremial, su hijo, y tres mujeres que forman parte del gremio: Mabel Rubiolo, Mirian Villalón y Sonia Guardia. En la causa también se imputó a Dardo Daniel Benítez y Antonio Sarmiento, todos del mismo gremio, por “falsedad ideológica”.
Esa parte de la investigación tendría su punto de inicio en una denuncia presentada por un exempleado de ambas instituciones.
Fue tras esto que el 13 de marzo pasado la fiscal ordenó una serie de allanamientos en la sede del CEC, de calle Buenos Aires, así como en los domicilios particulares de Héctor Maccarini y de su hijo. También fue allanado el estudio jurídico de este último. En esos procedimientos se incautaron teléfonos celulares y documentación.
Denuncia por hostigamiento
La otra acusación que pesa sobre el gremialista es por “lesiones graves psicológicas” en el contexto de un supuesto maltrato laboral.
Se basa en las denuncias de dos trabajadoras del CEC, quienes también ocupan cargos dirigenciales, y alegaron haber sido sometidas a un hostigamiento psicológico sistemático. El presunto objetivo de este acoso habría sido coaccionarlas para que sus testimonios no fueran perjudiciales para Héctor o Pablo Maccarini en el proceso judicial iniciado.
Este aspecto de los hechos sugieren un presunto intento de controlar los alcances de la investigación y suprimir o condicionar testimonios que podrían ser perjudiciales para el dirigente.
Pedido de liberación
Los abogados de Maccarini pidieron la revisión de la orden de detención ante el Juzgado de Control. No obstante, la jueza María Soledad Dottori la ratificó.
El 4 de junio, el sindicalista se presentó en la Unidad Judicial, tras lo que fue trasladado al Establecimiento Penitenciario N° 5, donde permanece detenido.
Si bien sus defensores pidieron formalmente su liberación argumentando la ausencia de antecedentes penales y la inexistencia de riesgo de fuga, la prisión preventiva fue confirmada, entendiendo que estando libre podría interferir con la investigación.
Héctor Maccarini es una figura de larga y reconocida trayectoria en el sindicalismo de Villa María. Ingresó al CEC a fines de los años ’90 y ocupó distintos cargos hasta alcanzar su actual rol como secretario general.
El caso sigue en investigación y no se descarta la generación de nuevas pruebas, mientras el principal acusado permanece preso.
