- Hacía tiempo que en los Tribunales de Córdoba no se escuchaban tres condenas a perpetua para un mismo caso.
- Pero
- además
- la sentencia ordenó investigar a funcionarios políticos y policiales por una serie de supuestos delitos.
El millonario y trágico golpe contra una financiera clandestina que funcionaba en un dúplex del edificio ubicado en Rondeau 84, Nueva Córdoba, aquella madrugada del viernes 16 de febrero de 2018, ayer volvió a irrumpir como una noticia de gran envergadura.
En sólo 15 minutos, el Tribunal de la Cámara 8ª del Crimen de la ciudad de Córdoba dejó plasmada una sentencia que ya forma parte de la historia judicial de la provincia. No sólo porque tres personas fueron condenadas a cadena perpetua por el mismo caso, algo poco usual en los juicios que se sustancian en el edificio de Tribunales 2, sino porque los jueces dejaron constancia expresa de muy graves sospechas en contra de funcionarios públicos, algo que es poco menos frecuente aún en la Justicia local.
En la lectura del fallo, se dejó por escrito que se deben remitir los antecedentes a las fiscalías “de Instrucción que por distritos y turnos correspondan de esta Ciudad de Córdoba, a fin de iniciar las pertinentes investigaciones ante la posible comisión de delitos perseguibles de oficio de aquellos” funcionarios “de la Secretaría de Seguridad Provincial y altos jefes policiales que indebidamente en la escena del delito manipularon evidencias y objetos que debían ser secuestrados. Todo ello, con noticia al Tribunal de Conducta Policial y Penitenciaria de la Provincia de Córdoba; atento la calidad de cuadros policiales de dicha fuerza de la mayoría de tales funcionarios”.
El fallo vuelve a poner en el tapete una de las tantas situaciones anómalas que quedaron en evidencia tras el trágico tiroteo en el que fue asesinado el policía Franco Ferraro (29) y cayeron abatidos dos de los delincuentes.
Ya en la instrucción de la causa, que ayer recibió un pleno respaldo al finalizar el juicio con la condena de los cinco acusados, el fiscal Rubén Caro había sido enfático en señalar no sólo cómo la Policía no cuidó la escena del crimen sino también el modo en el que fue alterada por los propios funcionarios públicos.
Entre otros testimonios, se citó a un sargento, quien en aquel entonces dijo ante la Justicia que aquella madrugada un superior le ordenó ir a revisar a uno de los delincuentes abatidos, momento en que se acercó al cuerpo, que aún permanecía sin custodia, y no encontró ninguna identificación. Volvió 10 metros, comunicó la novedad y al regresar para quedarse junto al cadáver se topó con que ya estaban otras personas a su alrededor.
Según se lee en el expediente, “seguido a ello, (el sargento) regresó al lugar en el que se encontraba el cuerpo, observando en ese momento que junto al fallecido ahora se encontraban el jefe de Policía (NdR: Gustavo Vélez), el subjefe (Gustavo Folli), (el entonces jefe de Seguridad Capital) Gómez y el ministro de Seguridad (en referencia al entonces secretario de Seguridad Diego Hak), quienes manipulaban los cargadores que estaban adentro de la mochila, se los mostraban entre ellos, encontrándose la mochila ahora al lado del cuerpo...”.
Ahora, los jueces ordenaron que todos los funcionarios allí nombrados, entre los que figura el ahora legislador provincial Hak, sean investigados.
Ellos, en su momento, negaron haber cometido algún delito aquella madrugada.
Pero esto no fue todo. En el fallo de ayer, los jueces Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno también dejaron asentado en la lectura de la sentencia otros dos gruesos señalamientos hacia la Policía de Córdoba y su estructura política.
Por un lado, remarcaron la necesidad de profundizar la investigación por la desaparición en la escena del crimen de la pistola con la que el delincuente Ricardo Serravalle asesinó al policía Ferraro antes de caer abatido. El robo de esta arma fue calificado por el tribunal como “de una gravedad institucional inusitada”.
Y, renglones más abajo, los jueces ordenaron remitir copias de la sentencia “al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a fin de que con carácter de muy urgente arbitre los medios pertinentes para que se proceda a la correspondiente capacitación del personal policial acerca: a) de su debida protección en sucesos como el aquí juzgado; b) al manejo de la escena del crimen; y c) específicamente, a la adecuada preservación de evidencias; para evitar que en el futuro se repita lo advertido en el presente proceso”.
Como si esto no fuera mucho reproche, el tribunal subrayó otra grave sospecha. Se solicitó que una fiscalía investigue al perito que le realizó en la Morgue Judicial la autopsia al delincuente Serravalle, ante la sospecha “referida a haber callado la verdad respecto a las flagrantes lesiones que presentaba el rostro del cadáver”. En concreto, se cree que una vez muerto, un grupo de policías atacó el cuerpo de Serravalle y que incluso pudo haberle efectuado más disparos.
En ese punto, se solicitó identificar a los policías y evaluar su responsabilidad en este episodio.
La ruta del dinero
En otro párrafo de la sentencia, los jueces se dedicaron al eslabón aún irresuelto de toda esta trama. ¿Qué fueron a robar aquella noche? Los jueces ordenaron remitir copia certificada de la sentencia al Juzgado Federal N° 3 y a la fiscalía federal N° 3 para que profundicen la investigación en contra de Guido Adrián Romagnoli, Melisa Noelia Sosa (la pareja víctima del robo) y/o terceras personas a individualizar ante la sospecha de una variada gama de delitos financieros: “Lavado de activos de origen delictivo y/o intermediación financiera no autorizada y/o evasión tributaria y/o asociación ilícita fiscal y/o infracción al régimen penal cambiario”.
La sentencia dejó en silencio y sin reacción a los hermanos Teresa y Miguel Ángel Mitre, que siguieron la audiencia por videollamada desde una sala contigua, mientras que en el penal de Bouwer el condenado Ariel Gramajo se desmoronó en un llanto. Diego Tremarchi y Ariel Murúa Rodríguez, los otros acusados, no mostraron ante la cámara signos de emociones.
Los abogados defensores ya adelantaron ayer que aguardarán los fundamentos del fallo, que se conocerán dentro de 15 días hábiles, para avanzar en apelaciones.
En contrapartida, el fiscal de Cámara Hugo Almirón se mostró satisfecho por la sentencia y valoró, entre varios aspectos, que la acusación se pudo sostener pese a la evidente alteración que hubo de la escena del crimen.
En tanto, el fiscal instructor Rubén Caro también dijo estar conforme con el fallo.
Resaltó el trabajo de su colega Almirón y volvió a recordar la compleja investigación que llevó adelante con un equipo de la Policía provincial y de la Policía Judicial que se conformó de manera especial para este caso.
