Con la novedad de que el tribunal anuló los fideicomisos y destinó valiosas propiedades para el Estado provincial, la Cámara 10ª del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó en las últimas horas a los responsables de 124 estafas inmobiliarias a cargo de la empresa Derante SA que conducía el ingeniero Jorge Pablo Zalazar.
Este desarrollista y su esposa recibieron penas elevadas de prisión como principales figuras de la asociación ilícita que integraban otros dos familiares y otras cinco personas. Jorge Pablo Zalazar recibió una pena de siete años y medio de prisión y multa de 89 mil pesos, como jefe de la asociación ilícita; en tanto que su esposa Gladys Marisa Isabel Cugnini, considerada organizadora, fue condenada a seis años y ocho meses más la misma penalidad económica.
La hija de ambos, Delfina del Mar Zalazar, que había sido emancipada a los 18 años cuando pasó a integrar la sociedad, recibió una pena de cuatro años y cuatro meses de prisión (88 mil de multa). Además, la cuarta familiar integrante de esta asociación ilícita fue la suegra de Zalazar y madre de Cugnini, Gladys Josefa Olisesky, de 88 años, quien terminó con tres años de prisión en suspenso (80 mil de multa).
El resto de la plantilla de condenados está integrado por el arquitecto Hugo Daniel Gabetta, con una pena de tres años y cuatro meses de prisión (88 mil de multa).
Finalmente, cuatro acusados terminaron con la pena de tres años de ejecución condicional, a saber: Sebastián Fernández Reuter, César Lucas Maximiliano Zablosky Bonvecchio, Carlos Andrés Campetella y Guillermo Daniel Stella (más 80 mil de multa).
Estas condenas no están firmes y serán ejecutadas cuando se resuelvan eventuales casaciones.
De todos modos, hay que aclarar que la mayoría de los acusados ya cumplieron entre dos y tres años de prisión preventiva.
Estas penas impuestas por el tribunal integrado por los jueces Mario Centeno, Juan José Rojas Moresi y Patricia Soria, coincidieron en pleno con lo solicitados por los dos fiscales que acusaron en Cámara, el subrogante Fernando López Villagra y el coadyuvante Enrique Gavier.
Lo inédito de la sentencia
El expediente fue iniciado en 2008 por quien era fiscal instructor, Mariano Antuña, pero luego continuado y elevado a juicio por la titular del 2° Turno de Delitos Complejos, Valeria Rissi.
La causa analizaba las defraudaciones cometidas por los acusados con los fideicomisos inmobiliarios en las torres Toulouse 1, 2, 3, 4, 5 y 6; más los emprendimientos Pasaje Valtodano y Riberas del Suquía.
Lo novedoso de esta sentencia es que el tribunal, por mayoría, decidió que la mayoría de los fideicomisos se declaran nulos, se anula la inscripción de esos emprendimientos en el Registro de la Propiedad y se decomisan esos valiosos bienes, a favor de la Provincia que los integra a su acervo patrimonial.
También se decomisaron vehículos automotores cuyo dominio está a favor de integrantes de la familia Zalazar y se admitieron demandas de particulares a los acusados. Del mismo modo se homologaron los resarcimientos que algunos de los acusados hicieron a favor de algunos damnificados por las estafas.
Acusación pendiente
Derante SA generó unos 400 damnificados por cifras multimillonarias en dólares a partir del proyecto de complejos de departamentos en Córdoba que nunca se entregaron, de acuerdo a la acusación.
Lo resuelto esta martes con esta sentencia, representa sólo un tramo, con unos 124 damnificados que habrían sido defraudados por un monto equivalente a siete millones de dólares.
Las víctimas, en su mayoría representadas en este juicio por los abogados querellantes Gustavo Taranto y Carlos Nayi, sufrieron elevados perjuicios en dólares, a un promedio de 40 mil dólares por unidad. Entre los principales perjudicados se cuenta un inversor que “adquirió” 19 departamentos -sin que nunca se los entregaran- por un total de 600 mil dólares, de acuerdo a la acusación.
A pesar de los reclamos, los constructores de las viviendas volvían a devolverles papeles a los clientes para acreditar la propiedad de los inmuebles, según cuentan las actuaciones de esos años.
Las crónicas refieren que también había diversas excusas ante el “no avance de obra”. Además de la confección de planos sin ningún tipo de sujeción a las directivas de los organismos públicos, se les indicaba que esas dependencias clausuraban las obras y que eso impedía iniciarlas.
