El pasado 11 de agosto, Fabio Dante Cattani, un contratista de 56 años, fue víctima de una brutal agresión que lo dejó en coma y con un pronóstico incierto. El suceso ocurrió en Puerto Deseado, Santa Cruz, donde Cattani se encontraba trabajando en una obra del Sindicato de Judiciales.
Según la denuncia de su esposa, Sonia, al menos dos camionetas y cuatro automóviles, con entre 30 y 40 ocupantes, se presentaron en la obra. Entre los señalados como agresores se encuentran Franco Moreyra, Fabián Hernández (hermano de la jueza que se excusó del caso), Carlos Tapia y Oscar Aranda, alias ‘Cachumba’. Testigos presenciaron cómo, al descender de su vehículo, Moreyra dio la escalofriante orden: “A Cattani hay que matarlo”.
La patota procedió a golpear a Fabio con patadas y puñetazos, incluso cuando ya se encontraba en el suelo y sin provocación alguna. Sorprendentemente, dos patrulleros de la Policía, que habían llegado al lugar por una manifestación “pacífica” de la Uocra, no intervinieron para frenar el ataque. Los agresores también robaron la pistola calibre 9 milímetros de Fabio y su teléfono.
Estado crítico y secuelas devastadoras
Tras la golpiza, Fabio fue llevado al hospital local, donde inicialmente recibió el alta. Sin embargo, horas después, su estado se deterioró gravemente. Una tomografía reveló una rotura severa de bazo, lo que provocó un shock hipovolémico y requirió una cirugía de urgencia para la extirpación total del órgano y la transfusión de unos cinco litros de sangre.
Actualmente, Cattani se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva de Alta Complejidad del Hospital Zonal de Caleta Olivia en estado crítico. El parte médico detalla lesiones devastadoras: extirpación del bazo, ocho fracturas costales (seis izquierdas y dos derechas), fallo respiratorio con un pulmón inoperable, politraumatismo torácico severo, respiración mecánica asistida, deshidratación leve, rotura testicular traumática y fallo cardíaco. Su condición se agrava por una enfermedad preexistente en el hígado.
Justicia paralizada
La situación judicial del ataque es igualmente desesperante. En Puerto Deseado, sólo existe una fiscalía, a cargo de Ariel Quinteros, y no hay un juez penal permanente. La magistrada que subroga, Jésica Hernández, titular del Juzgado de Primera Instancia, se excusó de tomar el caso porque su hermano, Fabián Hernández, está sindicado como uno de los agresores del contratista.
Allegados a la víctima denuncian que, diez días después del ataque, la causa está paralizada. “Por el momento, desconocemos las medidas que se tomaron. Entendemos que no muchas. Están todos individualizados y no hay ningún detenido”, explicaron los parientes a Infobae.
La familia de Fabio, que ya sufrió la trágica pérdida de una hija que fue violada en su adolescencia y no pudo soportar seguir viviendo, clama por justicia y la adopción de medidas urgentes para dar con los responsables, quienes ya están identificados.
