En su escritorio en la Procuración del Tesoro de Córdoba, el contador no sólo guardaba los balances oficiales, sino también un “tesoro” impensado: datos clave sobre la conformación de “usinas” de facturas apócrifas que, junto con un “empresario” y un politólogo, terminaron ocasionando un perjuicio al fisco de más de $ 220 millones a cambio de ganancias redituables para los autores del desfalco.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital, a cargo del juez Julián Falcucci, condenó a cuatro años de prisión al contador Rubén Daniel Sánchez (68), el falso empresario Ricardo Esteban Cupper (68) y el licenciado en Ciencias Políticas y DT de fútbol Raúl Horacio Molina (68), por asociación ilícita fiscal y alteración dolosa de registros.
Los montos de las penas difirieron de los solicitados por el fisco (Arca) y el fiscal general Carlos Gonella, quienes habían solicitado cinco años y medio para los tres. A su turno, los defensores de Cupper, Molina y Sánchez pidieron las absoluciones (aunque en el caso del primero, en su defecto, su abogado pidió tres años en suspenso).
A través de sus letrados Gastón Schonfeld y Esteban Trucco, Cupper (se abstuvo de declarar en el juicio) negó la existencia de pruebas suficientes que lo vincularan a la asociación ilícita y alegó que actuó bajo un estado de necesidad por vulnerabilidad económica y sumisión a Molina.
La defensa de Molina, encabezada por Benjamín Sonzini Astudillo y su hijo homónimo, sostuvo que no se probó un acuerdo ilícito.
Sánchez, representado por Alejandro Ríos Castro, negó conocer a la denunciante y alegó que actuó de buena fe sin conciencia de ilícitos. Hasta cuestionó que, en su afán de justicia, el fiscal que instruyó la causa, Enrique Senestrari, lo involucrara en el expediente.
El noviazgo “por interés” que destapó el caso
Los acusados llegaron a juicio luego de que la exnovia de Cupper –extranjera y vulnerable- se presentó en Tribunales federales y lo denunció. Contó que en diciembre de 2018 conoció a su entonces pareja, quien, alegando ser “dueño” de un frigorífico, la convenció de generar una empresa a nombre de ella a cambio de la promesa de abonarle $ 1.000 semanales (unos $ 51 mil a valores de hoy).
Así, en enero de 2019 Cupper y la mujer concurrieron a la sede de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip, hoy Arca) para realizar el blanqueo de la clave fiscal de ella. Ya con los datos en su poder, Cupper se los entregó a sus cómplices, Molina y Sánchez.
Llamativamente, Sánchez trabajaba en ese tiempo como contador (a pesar de tener cancelada la matrícula profesional) en la Procuración del Tesoro de Córdoba, dependiente de la Fiscalía de Estado. Ya había ocupado cargos públicos, como empleado del Ministerio de Acción Social y Trabajo de la Nación durante la última dictadura y auditor de la Empresa de Energía de Córdoba (Epec).
A partir de la manipulación de sus datos, la novia de Cupper fue dada de baja del monotributo, lo que le ocasionó un importante perjuicio porque perdió la posibilidad de librar facturas por sus servicios y percibir su sueldo.
Sin saberlo, fue inscripta como autónoma y responsable ante el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Ganancias. De esta manera, pasó de tener declarada su actividad en el rubro cuidado de personas mayores a otras tres disímiles actividades: venta minorista de instrumental médico, odontológico y ortopédico; servicios empresariales, y servicios de publicidad.
A pedido de “clientes” y desde la cuenta de la mujer, los imputados emitieron facturas apócrifas por cifras millonarias, que luego vendieron a “clientes” (personas físicas y jurídicas) que buscaban créditos fiscales para reducir así la carga impositiva que debían tributar.
El accionar de la banda se estructuró sobre una división de funciones, ya que Cupper se encargó de “reclutar” primero a su novia y a las víctimas –mayormente, extranjeros con poco conocimiento fiscal y personas de escasos recursos– para realizar un blanqueo de sus claves fiscales, mediante ardides, y apropiarse de ellas.
Luego, Molina y Sánchez, por sus conocimientos contables, desarrollaron múltiples maniobras para robustecer la dinámica diaria de la “pyme” delictiva, de acuerdo con la investigación de Senestrari y el Juzgado federal N° 1 de Córdoba capital.
Molina no solo era el responsable de la interacción con los clientes de la organización, sino también el receptor de los encargos de los evasores y el encargado de coordinar las entregas de los comprobantes falsificados (físicos y digitales). Además, administraba los pagos y los cheques, y manipulaba las bases de datos de los contribuyentes, los que eran utilizados como “usinas” de facturación falsa.
En paralelo a su función en la Procuración del Tesoro, el contador Sánchez fungió como “operador contable y logístico” de la banda. “Su actividad profesional fue central para la ejecución de las maniobras. Se enfocaba en controlar las claves fiscales para modificar la situación tributaria de los contribuyentes, generaba facturas falsas que eran comercializadas y simulaba la situación contable de las ‘usinas’ para darles una apariencia de legalidad, registrando compras y gastos falsos para justificar las operaciones y equilibrar sus cuentas”, precisó el juez Falcucci en su fallo.
Aunque Molina y Sánchez operaban desde una oficina ubicada en calle Corro (incluso, la Fiscalía Federal N° 3 también investigaba, en paralelo al fiscal Senestrari, maniobras ilícitas desde ese domicilio), en pleno Centro capitalino, el contador también lo hizo desde su oficina en el Tesoro.
Las pruebas que incrimaron al contador y a la banda
Cuando allanaron su escritorio oficial, sorpresivamente encontraron una planilla titulada “En uso” y “anteriores desafectados” (contribuyentes apócrifos), que detallaba los nombres de contribuyentes, cuit y claves fiscales. Entre los “en uso”, figuraban su cómplice Cupper (actuaba también como “usina”) y otras personas.
Eso permitió a los investigadores ubicar cada “pieza” probatoria en el “tablero” delictivo de la banda y confirmar su rol de generador de las “usinas” para la posterior comercialización de las facturas truchas.
Si bien Sánchez negó conocer realmente a su cómplice Cupper, porque solo lo había visto dos veces en la oficina céntrica, los mensajes telefónicos evidenciaron que ambos sostuvieron comunicaciones sobre las “usinas”. Las escuchas también echaron luz sobre las frecuentes consultas de “clientes” (evasores) que solicitaron a Molina y a Sánchez la emisión de facturas falsas para consumar la evasión.
También se probó que Cupper no actuó bajo un halo de sumisión a Molina (como alegó la defensa), sino que el falso empresario hasta intentó aleccionarlo sobre cómo llevar adelante una de las maniobras.
“Cupper, Molina y Sánchez crearon una estructura criminal con una clara división de roles, diseñada para operar a largo plazo y obtener ganancias ilícitas”, advirtió el juez Falcucci.
De esta manera, el perjuicio al fisco llegó estimativamente a $ 220 millones (por evasión de IVA y Ganancias a partir de las facturas falsas) y reportó ganancias redituables a la banda.
Aunque el fiscal Gonella solicitó una reparación económica para los contribuyentes afectados, el juez rechazó el planteo. Consideró que fueron ellos quienes entregaron sus claves fiscales a los imputados y podían prever entonces que sufrirían afectaciones personales en consecuencia (dejar de cobrar planes sociales estatales).
