Durante 15 años, entre 2008 y 2023, existió en Córdoba una supuesta asociación ilícita que habilitaba negocios de manera irregular en la Capital, mediante el cobro de dinero fuera del esquema legal, según la Justicia.
De acuerdo a la Fiscalía, la maniobra delictiva contaba con cuatro “patas”: la Dirección Bomberos de la Policía provincial, donde algunos efectivos cobraban; la Municipalidad de Córdoba, donde otros empleados colaboraban; gestores particulares, y, finalmente, empresarios inescrupulosos que, pese a tener negocios sin la debida seguridad, pagaban para poder funcionar.
A su vez, habría habido otros empleados municipales que coimeaban a negocios para que siguiesen funcionando, entre otras maniobras, pese al riesgo que significaba.
Ese montaje se vino abajo luego de la denuncia de un bombero.
La causa recayó en el fiscal Guillermo González, quien se puso a trabajar con su equipo, recopiló pruebas y testimonios, avanzó y echó por tierra lo que, según la Justicia, fue una formidable maquinaria delictiva.
Como todas las organizaciones de su tipo, todo comenzó de abajo: con una pequeña oficina en el Cuartel 1 de la Dirección Bomberos en Alberdi.
Para la Justicia, ese fue el “quiosco” inicial. El negocio comenzó a funcionar y a extenderse, entraron más involucrados y todo se tornó en un formidable aparato de habilitaciones de negocios, pero con un detalle: todo era absolutamente ilegal.
La causa fue bautizada en los Tribunales como “Bomberos SA”.
En la mañana del lunes, el fiscal González mandó a juicio a 15 acusados; la mayoría están presos.
El principal sospechoso es el excomisario general Gustavo Jorge Folli Pedetta, quien durante largos años fue jefe de Bomberos para luego ser subjefe de la Policía y más tarde titular de Defensa Civil Municipal.
Siempre fue un hombre que gozó del apoyo de funcionarios políticos de altísimo rango en Córdoba.
El fiscal lo acusó como presunto ideólogo, creador y jefe máximo de la presunta asociación ilícita. Lo detuvo a fines de 2023 y lo mandó a la cárcel de Bouwer con varios de los demás.
Folli fue apresado poco después de haber dejado de ser el titular de Defensa Civil y poco antes de que Martín Llaryora dejara el municipio y asumiera como gobernador.
Además, el fiscal mandó a juicio a Folli por presuntos hechos de violencia de género en contra de una mujer, quien a su vez lo complicó con la supuesta asociación ilícita.
En prisión, Folli tuvo problemas cardíacos, por lo que debió ser internado en el Policlínico. De todos modos, ya recuperado, regresó al pabellón de los uniformados.
Sus defensores, con José D’Antona a la cabeza, insisten en que es inocente y está enfermo. Pugnan para que siga en el Policlínico. Además, se opondrán a la elevación a juicio.
Idéntica posición tuvieron los demás acusados: negar los hechos y declararse inocentes.
Los otros 15 acusados
Además de Folli, la fiscalía mandó a juicio oral a otros 15 acusados bien definidos por rubros.
Bloque “bomberos jefes”. Fueron enviados a juicio los exjefes de la Dirección Bomberos Sergio Enrique Sosa y Julio Zárate, quienes reemplazaron a Folli, respectivamente, en la fuerza de los hombres de rojo. Todos están acusados por asociación ilícita y falsedad ideológica. Zárate, a su vez, está señalado por presunto cohecho, encubrimiento agravado y uso de documento público falso.
Bloque “bomberos subordinados”. En este grupo, están Eduardo Arturo Rivadero y Mónica Elizabeth Barrionuevo, quienes fueron secretarios en la Dirección Bomberos. Habrían colaborado con las maniobras, según la fiscalía. Están acusados como presuntos miembros de asociación ilícita. En este bloque, están, a su vez, el bombero Marcos Fernando Lúquez y el oficial Leonardo Gorocito, quien trabajaba como chofer en la Subjefatura de la Policía.
Bloque ingenieros. Fueron enviados a juicio los ingenieros Félix Calama y Mario Javier García, quienes decían ser expertos en seguridad e higiene y habrían actuado como gestores. Responden como presuntos miembros de la asociación ilícita.
Bloque empresarios. Están acusados Darío Sebastián Brasca y Natalia Vanina Brasca, responsables de la empresa Cyre SA que explota supermercados. El primero está acusado por encubrimiento agravado y uso de documento público falso reiterado; la segunda, por cohecho. También está acusado Roque Javier Olmedo, de esa firma, quien fue acusado por presunta asociación ilícita, cohecho, encubrimiento agravado y uso de documento público falso reiterado.
En paralelo, están acusados los empresarios Carlos Goldaracena Altamirano, Marcos Octavio Gennaro y Miguel Ángel Amil por presunto encubrimiento agravado y uso de documento público falso reiterado.
Bloque municipal. A todo esto, se encuentra imputado Leandro Rodríguez, quien se desempeñó como jefe de inspectores de la Municipalidad de Córdoba. Está acusado por asociación ilícita, uso de documento público falso y falsedad ideológica.
El montaje delictivo
La resolución del fiscal González contra Folli y compañía se produjo pocos después de que firmó las prisiones preventivas de Maximiliano Ochoa Roldán, exjefe de la Policía Caminera, y de otros exjefes policiales y abogados por otra presunta asociación ilícita.
Volviendo a la causa Folli, desde la fiscalía se indicó que todo empezó en 2008, cuando aquel era jefe de la Dirección Bomberos de la Policía.
Además de apagar incendios y salvar a personas, esta fuerza se encarga de manera oficial de extender certificados de habilitaciones de negocios para cualquier actividad comercial, luego de una inspección y control.
Esta acción se creó y se potenció tras la tragedia de Cromañón, en 2004. La norma establece que, con la habilitación de Bomberos, un comerciante luego puede pedir la correspondiente habilitación en la Municipalidad.
Ahora bien, según la fiscalía, a la par de la acción legal, se pergeñó una alternativa completamente ilegal.
“Folli diagramó, confeccionó y luego estableció una oficina paralela al Departamentos de Proyectos y Asesoramientos Técnicos”, se señaló desde la Fiscalía. Al comienzo, esa oficina estaba en la planta baja del Cuartel 1 de calle Mariano Moreno. Cuando todo empezó a funcionar mejor, se trasladó al primer piso.
Desde la Fiscalía se señaló que en “ese quiosco” se realizó una “gran cantidad de certificados de inspecciones finales de bomberos apócrifos desde 2008 hasta 2023”.
De acuerdo a la causa, se falsificaron varios cientos de habilitaciones de locales que no contaban con la más mínima seguridad, como no tener salidas de emergencia y contar con conexiones pésimas de luz, entre otros problemas. Así, se puso “en grave peligro y perjuicio a la seguridad pública, todo ello a cambio de importantes cifras dinerarias”.
A todo esto, según la Fiscalía, la banda contaba con la ayuda de expertos en higiene y seguridad que habrían brindado colaboración central: eran nexo entre el comerciante que necesitaba abrir y los bomberos.
El itinerario de todo confluía finalmente en la Municipalidad de Córdoba. La Fiscalía acusó a Leandro Rodríguez, uno de los jefes de inspectores municipales. Se lo acusa de haber sabido sobre “la falsedad de los documentos presentados” y habría dado la habilitación definitiva.
Desde la causa, se señala que los montos de dinero se abonaban en la oficina paralela de Bomberos.
En paralelo, la Fiscalía mandó a juicio a empresarios. Si bien no son parte de la asociación ilícita, se los acusa de haber pagado coimas para obtener certificados truchos.
Desde la Fiscalía, se remarcó que los negocios que lograron habilitaciones truchas luego pusieron sus negocios en condiciones.
