La investigación de irregularidades en las cárceles de la provincia, que al comienzo parecía tratarse de hechos aislados en diversos penales, con algunos guardiacárceles y acaso jefes de algunas de esas unidades carcelarias, terminó por generalizarse y llegar a la más alta jerarquía de la conducción del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).
A esta altura, pocos recuerdan que el fiscal Enrique Gavier comenzó por investigar, condenar y tomar medidas en relación con algunos hechos en algunos presidios, generalmente por la comisión de estafas telefónicas. El instructor de Delitos Complejos, como tantos otros funcionarios judiciales, formulaba hace años reiteradas recomendaciones a las autoridades penitenciarias para que “extremen medidas” (frase remanida en la jerga judicial) a fin de evitar el uso de telefonía celular en los pabellones.
Pero los hechos siguieron sucediéndose, sin que se aplicaran los inhibidores electrónicos de señal en las cárceles y mientras los call centers se multiplicaban rejas adentro.
Ya con varias condenas contra los presos estafadores y sus colaboradores extramuros, Gavier comenzó a afinar la mira y dirigió su atención hacia los guardiacárceles. El call center “tumbero” que habría administrado el narcotraficante René “Chancho” Sosa en la cárcel de Bouwer sufrió la baja de un guardiacárcel infiel que pasaba celulares. Antes de la andanada de allanamientos penitenciarios de la segunda mitad de año, ese carcelero de bajo rango estaba condenado.
Empecinado como pocos cuando de investigar se trata, Gavier fue “subiendo” la mira y en septiembre pasado ya se las tomó con uno de los subjefes de Bouwer, el subprefecto Sergio Alejandro “Chavo” Guzmán, quien también pasó por la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) y fue jefe en la cárcel de Cruz del Eje. Con él cayeron otros “engranajes” de su maquinaria, y dos meses después lo hizo nada menos que quien había sido jefe de Seguridad del SPC, Darío Tello Pajón.
Días después de Bouwer, allanó la cárcel de Villa María, le puso faja de clausura al call center que se había viralizado en las redes y detuvo nada menos que a las tras máximas autoridades del penal.
Los allanamientos a la Dirección del SPC comenzaron a ser demasiado frecuentes y allí se terminó por redondear evidencia que habría servido para ponerle el lazo a la cúpula de la fuerza. Entre el primero y el segundo allanamiento a las oficinas de la fuerza en barrio Nueva Córdoba, ya había elementos para ordenar la detención del máximo jefe, Juan María Bouvier, un intocable de diferentes administraciones, a lo largo de 15 años de gestión.
Con él se fueron de la fuerza, y a poblar el interior de Bouwer, su secretaria privada y dos altos jefes más, miembros de la plana mayor del servicio. Sin escalas, de la administración general de las cárceles a internos de una celda.
Si hasta hace poco se apreciaba que la corrupción estaba lo suficientemente extendida para que todos los presidios fueran inagotables fuentes de quioscos, las pruebas que hay en contra de las autoridades indican que estas no ignoraban lo que pasaba y que poco o nada hicieron para impedirlo. Ya no se habla de cuentapropistas aislados que manejaban su cárcel a discreción; ahora se considera que todos integran la misma asociación ilícita.
