El 10 de enero de 2014 apareció flotando en un río bonaerense el cadáver de Daiana Barrionuevo, quien había sido buscada intensamente durante 20 días luego de que su pareja, Iván Adalberto Rodríguez, denunciara que ella había abandonado el hogar y se había “fugado” con un amante.
Luego se comprobó que él la había matado a mazazos y en 2017 lo condenaron a prisión perpetua por femicidio.
La hermana de la víctima, Cintia Barrionuevo. inició una lucha para que los hijos de Daiana -la pequeña Brisa y los mellizos Elías y Tobías- tuvieran un sustento, al haber perdido a su mamá y estar preso el progenitor.
En julio de 2018. el Congreso Nacional sancionó la ley 27.452, de “Régimen de reparación económica para niñas, niños y adolescentes”, que ahora todos conocemos como “ley Brisa”. La votación en Diputados fue unánime y contundente: 203 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El resultado fue una herramienta formidable para la contención de hijos e hijas de víctimas de femicidio hasta que cumplan la mayoría de 21 años. De este modo, las “víctimas colaterales” de la violencia machista pueden tener una reparación que les permita mejores posibilidades en su vida, castigada desde tan temprano.
En la semana judicial que pasó, se conoció en Córdoba que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) rechazó la casación del femicida de Natalia Padilla, asesinada en octubre de 2016. De este modo, cinco de los siete hijos de la víctima cordobesa son beneficiados con la pensión nacional que dispone la ley Brisa.
El artículo 4 de esta normativa exige que la sentencia esté firme; por eso, los hijos de Natalia celebraron este “doble conforme” del TSJ.
El Régimen de Reparación prevé un haber mínimo jubilatorio mensual para cada uno de los niños y adolescentes cuando “su progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora” o “cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género”, entre los causales previstos por la ley y que les corresponden a los hijos de Natalia.
El artículo 2 de la ley señala que esa reparación económica se destina a “las personas menores de veintiún (21) años o personas con discapacidad” que sean hijos de la progenitora asesinada y sean de nacionalidad argentina. El tercer artículo especifica que es “por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo” y que también puede tramitarse su retroactividad hasta el “momento de cometerse el delito, aunque el mismo se hubiera cometido con anterioridad a la sanción de la ley”.
Esto último beneficia a los hijos de Natalia, quien fue asesinada en 2016 mientras que la ley comenzó a regir a comienzos de diciembre de 2018. Por esto, los cinco cobrarán los haberes mensuales desde que perdieron a su madre.
