El Juzgado Federal de la localidad de Caleta Olivia, Santa Cruz, procesó a una empleada del Banco Nación acusada de haber realizado diversas extracciones en las cuentas de cajas de ahorro de siete clientes entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 por 948.600 pesos.
El caso de la presunta ladrona del Nación
La mujer fue procesada por los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público. Además, se le fijó un embargo de cinco millones de pesos, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
El caso comenzó con la denuncia que hizo la entidad donde relataron que recibieron un “alerta por actitudes y accionar sospechoso” de una de sus empleadas. Sostuvieron que habría realizado extracciones en cuentas de cajas de ahorro de clientes “sin la autorización de los titulares de las mismas” y en beneficio propio.
Tras el análisis de los videos presentados que daban cuenta de los movimientos, el fiscal Colla y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) solicitaron en marzo de 2024 el llamado a indagatoria para la empleada. No obstante, la defensa de la imputada presentó luego un acta de acuerdo de conciliación celebrado con el banco donde se ofrecía una reparación de tres millones de pesos con el objetivo de no avanzar sobre su situación procesal.
El MPF, a cargo del fiscal Lucas Collase, opuso al acuerdo ya que consideró que el hecho fue ejecutado por una persona que, al trabajar en un banco público, se encontraba alcanzada por el concepto de funcionario público.
Consideró que el Estado nacional asumió una postura de lucha contra la corrupción a nivel internacional e hizo foco en el compromiso que tiene en esta temática.
Sin embargo, el juzgado homologó el acuerdo.
La apelación del MPF y el fallo de la Cámara
El MPF apeló y, en su recurso, Colla consideró que la decisión se basó en una “valoración discrecional, fragmentada y selectiva de la prueba producida y de la ley aplicable”. Además, sostuvo que la resolución no analizó lo planteado, sino que aprobó el acuerdo “en clara contraposición a los lineamientos legales establecidos para los casos de corrupción”.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que las razones de política criminal que esgrimió el MPF para rechazar el acuerdo estuvieron correctamente fundadas. “Guarda congruencia con el posicionamiento de nuestros legisladores ya que en general ha exhibido un criterio distintivo para los casos en los cuales un funcionario público ha quebrantado -o se sospecha- la confianza en él depositada”, sostuvieron los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez y así revocaron la decisión que había homologado la propuesta de la defensa.
Tras esto y en línea con lo que marcó la Cámara, el juzgado federal avanzó en resolver la situación procesal de la mujer. Allí, repasó los videos que aportó la entidad bancaria y los movimientos considerados “llamativos” en la denuncia, donde se observaban los retiros del dinero y como los colocaba luego en su cuaderno o billetera.
“Las maniobras reprochadas a la causante, han tenido su origen en un beneficio económico para la propia imputada y realizadas en perjuicio de clientes con los cuales no mantenía ningún tipo de vínculo como así también de la institución bancaria, por lo que, resulta inverosímil que pueda alegarse falta de direccionamiento de dichas conductas o que las mismas disten de ser realizadas al azar o sin raciocinio”, sostuvo el juez Claudio Vázquez.
Consideró entonces que quedó demostrado que la empleada se aprovechó de su posición y de la relación de confianza que la unía con sus compañeros de trabajo. El objetivo fue “procurarse las autorizaciones necesarias que el sistema operativo habilitado por dicha entidad financiera exige para efectuar las transacciones ilegales”.
