En un caso que parece sacado de una ficción y que, por sus características, sacude los tribunales de Río Segundo, la Justicia evalúa exhumar el cuerpo de un hombre de 66 años que falleció en julio de 2019. El pedido, solicitado por la defensa de un joven de 19 años, busca esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre y verificar si hubo alguna acción para acelerar su deceso. Todo en el cuadro de una disputa por una herencia millonaria.
La medida, en análisis en el Juzgado de Control de Río Segundo, surge en el marco de una investigación que involucra a tres detenidos: Gustavo Emilio Barbaglia (54), Marcial Enrique Storti (64) y Rubén Darío Zin (52).
Están acusados de formar una asociación ilícita y cometer una serie de delitos, entre ellos falsificación de documentos, estafa y usurpación de propiedades. Storti además está acusado de tentativa (inidónea) de homicidio calificado por codicia.
El caso gira en torno al cuantioso patrimonio de Miguel Balbo y su esposa Magdalena Druetta, ambos fallecidos.
Según el expediente judicial, Storti, el principal acusado, habría aprovechado la vulnerabilidad de la pareja, especialmente de Druetta, quien aparentemente sufría deterioro cognitivo, para apoderarse de sus propiedades desde 2015.
Más noticias del departamento Río Segundo
Storti es la supuesta figura clave de este entramado.
De acuerdo a la investigación, habría comenzado a ejecutar su plan en 2015, ganándose la confianza del matrimonio, ambos de avanzada edad y con problemas de salud, con base en diversos trabajos que le prestó en sus campos.
Entre los delitos investigados se destaca un testamento que declara a Storti como único heredero, cediéndole propiedades de gran valor, entre ellas su casa de la ciudad de Pilar y un campo de 55 hectáreas en Lagunilla.
Según la investigación, el ardid no se habría detenido allí.
En 2018, tras el fallecimiento de Druetta y, aprovechándose del deterioro físico, pero principalmente emocional de Balbo, logró que este último firmara un testamento que lo nombraba como único heredero de todos los bienes del matrimonio, según fuentes de la causa.
Todo a pesar de que Balbo tenía un hijo, Juan Pablo Balbo Gattollin (23). El documento, redactado en una escribanía de Pilar, indicaba que Balbo no tenía descendencia, según surge de la causa.
La muerte de Balbo y la intervención de la banda
El 11 de julio de 2019, Miguel Ángel Balbo (66) falleció en una clínica de la ciudad de Córdoba.
La noche anterior, Balbo había ingresado a una clínica de Pilar con un dolor abdominal agudo. Pese a la recomendación médica, de internarlo de urgencia, Storti, que actuaba como su apoderado, habría decidido retrasar esa internación, según fuentes del caso.
Horas después, Balbo falleció, aunque se descartó que haya sido por esa demora.
Una de las revelaciones más impactantes del caso es que Juan Pablo Balbo Gattollin, hijo de la víctima, no fue informado del fallecimiento de su padre hasta dos días después, cuando ya había sido enterrado. Fue Storti, siempre según la investigación, el encargado de organizar el velorio y entierro de Balbo, sin la presencia de su hijo, que lucha para recuperar los bienes que le corresponderían por herencia.
Esas horas habrían sido aprovechadas por Storti y Barbaglia para vaciar los inmuebles del fallecido, apenas instantes después de su deceso, según se investiga.
En la propiedad rural ubicada en ruta 13, por ejemplo, los imputados habrían sustraído tractores, camionetas, herramientas y varios quintales de maíz almacenados en un silo, según la causa. También habrían vaciado la casa del matrimonio, ubicada en Tomás Garzón 960 de Pilar. Posteriormente, el inmueble fue derrumbado y parte de sus bienes quemados. Consta en el expediente judicial que actuaron “con tal rapidez que a los tres días de muerto Balbo ya habían desaparecido prácticamente todo”.
La herencia en disputa
Entre los bienes involucrados en esta compleja trama figuran valiosas propiedades rurales.
Magdalena Druetta era dueña de 55 hectáreas en Lagunilla (zona rural de Pilar) y de un campo de 22 hectáreas en El Quebracho, además de la casa familiar en Pilar. También, junto a su esposo Balbo, poseían campos en Ruta 13. En total, los esposos eran propietarios de más de 130 hectáreas de tierra.
Storti, aparentemente valiéndose de la inexperiencia de Druetta en asuntos inmobiliarios, y con una salud delicada por su avanzada edad (tenía 89 años) consiguió que ella firmara la donación de los bienes propios, justo el día que su esposo había viajado a Buenos Aires. Luego, mediante la firma de otro documento, se aseguró de quedar como único heredero, según la causa, alegando que Balbo no tenía hijos.
El hijo de Balbo, junto a su madre, quien a fines de 2022 radicó la denuncia, lleva tiempo peleando judicialmente para recuperar las propiedades que por derecho le corresponderían.
Tras haber dictado la prisión preventiva de los acusados, la fiscalía evalúa ahora restituirle los bienes al legítimo heredero, hasta tanto se realice el juicio oral.
Según las pruebas recolectadas, Storti no es el único acusado central. Gustavo Barbaglia y Darío Zin fueron imputados como presuntos miembros de la organización.
Todos están detenidos con prisión preventiva en la cárcel de Bouwer.
