Un hecho insólito transcurre en el límite entre Córdoba y San Luis. Una pareja y sus cuatro hijos (de 11, de 8, de 4 y de 2 años) quedaron varados en el paraje Las Palomas, ya que no cuentan con documentación legal personal.
Los adultos aseguran ser “ciudadanos del mundo” y miembros de un grupo que no reconoce las leyes nacionales ni internacionales, ni los límites territoriales.
Según explicaron a los efectivos que realizaban los controles, se definen como “soberanos que se rigen por ley natural” y por este motivo no tienen cédulas de identificación, ya que son integrantes del “pueblo Apátrida”.
A su vez, tampoco tienen documentación del vehículo en el que viajan, una camioneta Honda CRV gris, que bautizaron como “Terranave”.
Ante esto, los policías que realizaban el control fronterizo decidieron demorarlos.
Varados entre Córdoba y San Luis en una Terranave
Según informaron medios locales de San Luis, la familia fue demorada este miércoles en el puesto limítrofe N° 11 de Las Palomas, en el norte de la provincia.
En ese momento, los adultos habrían explicado que llegaron a Argentina desde Chile y que viajaron sin problemas por Buenos Aires y por Córdoba. Según apuntaron, ese día viajaban desde la zona de Mendiolaza, Córdoba, hacia Villa Praga, una localidad de San Luis.
Al pedirles algún tipo de identificación, los padres, identificados como Sergio y An, mostraron un supuesto “pase universal” que reza: “Universal Pass CESTUI QUE VIE 2022″. Según informó El Diario de la República, los padres explicaron que se trata de una “declaración jurada bajo pena de perjurio”, la cual equivaldría a un pasaporte.
A su vez, la “Terranave” estaba identificada con una patente que dice “UCC-1-308″ y la frase “propiedad privada”. Según explicó Sergio, el vehículo tenía una patente chilena, pero ellos pidieron darla de baja para inscribirla con la nueva patente, la cual sería la “reserva de derechos para uso de la propiedad privada”, según recopiló Radio Popular San Luis.
Los agentes del puesto limítrofe informaron a sus superiores y, cerca de las 15 de este miércoles, llegaron numerarios del destacamento 40 de Los Cajones, de San Luis.
Posteriormente, la fiscal adjunta Silvina Argüello determinó, cerca de las 18, que la pareja y los niños fueran trasladados a la dependencia de esa localidad.
Qué dijo el juez federal sobre el caso
El juez federal de Villa Mercedes, Carlos Nacul, habló sobre el caso con La República. “En un primer momento, intervino la Policía provincial, pero, ante la posible comisión de delitos de orden y competencia federal, nos pasaron la competencia a nosotros”, explicó al medio.
“No sabemos quiénes son, de dónde vienen ni adónde van”, apuntó el magistrado, “pero nuestra preocupación, más allá de la falta de identificación y de colaboración de los adultos, es la situación de los menores”.
“Mi obligación es preservar la vida y salud, sobre todo de los menores, porque así me obligan la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a la Constitución”, aseveró.
Posteriormente, el fiscal federal de San Luis, Cristian Rachid, realizó una audiencia –remota– con Serio y con An, quienes estaban en Los Cajones, y con María Virginia Jalil, defensora pública oficial federal de Villa Mercedes, y con Federico Pastor, defensor público oficial de San Luis.
“Ellos creen que son ciudadanos del mundo y no reconocen autoridad judicial alguna. No me reconocieron como juez ni al fiscal como fiscal, entonces tuvimos que aportarles la defensa de oficio de Jalil y del doctor Pastor por los menores, a fin de garantizar los derechos de defensa”, explicó el magistrado.
“Terminaron por negar la actuación de la Justicia y por desconocer a todos los que estuvimos en la audiencia, y directamente se levantaron y se retiraron de la sala en la que estaban”, cerró Nacul.
Según informó el mismo medio, los adultos tendrían actuaciones en un juzgado federal de Salta por tratar de pasar hacia Bolivia por el paso Aguas Blancas con la misma “documentación” que presentaron en San Luis, y también por una maniobra similar en Mendoza, desde donde pretendían ingresar a Chile.
Transmitieron la audiencia por Facebook
An, como dice llamarse, interrumpió a las autoridades federales durante toda la audiencia dejando claro que no los reconocían como autoridad. Según informó Carlos Paz Vivo, la mujer habría denunciado que “la corporación ha secuestrado a seres vivos”. “La corporación”, según aseguraron, serían países como Chile y Argentina.
“No son estados, actúan de facto. La Policía nos trató muy bien, son hombres de bien, pero no entienden lo que les explicamos”, apuntaron los viajeros.
Por su parte, Sergio se limitó a filmar un video que luego fue subido a las redes sociales de una mujer identificada en Facebook como Patricia Funes, que dice vivir en San Rafael, Mendoza.
En su perfil asegura ser profesora de Derecho y de Ciencias Económicas y docente titular de Derecho y Ley Natural, Derecho Marítimo, UCC, Derecho Canónico, Derecho Consuetudinario, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho Administrativo, Derecho Procesal, Derecho Laboral, Derecho de Familia, Derecho Penal, Derechos Humanos y Ciencias Económicas en su propio Instituto Privado de Carreras Útiles y Capacitación de Empresas (Icuce).
La mujer transmitió en vivo una especie de “juicio ante el juzgado internacional de las gentes” contra todos los que intervinieron en el procedimiento en Las Palomas, contra el Estado argentino y contra el Gobierno de la Provincia de San Luis.
Según denuncia Funes, la familia estuvo “24 horas retenida” sin haber cometido ningún delito, ya que “no tienen de qué acusarlos”.
