La causa de la “financiera” que tenía entre sus principales víctimas a personal de la Policía de la Provincia comienza a cobrar dimensiones de magnitud. Tras la segunda tanda de allanamientos practicados el pasado viernes en siete objetivos diferentes, se estima que el fraude llegaría a unos 240 millones de pesos –más de un millón de dólares– y habría perjudicado a más de un centenar de uniformados, familiares y allegados.
Pero lo más llamativo es que al echar luz sobre lo investigado se están conociendo detalles de la causa y, al distinguirse algunos contornos de la maniobra estafatoria que utilizaba el sistema piramidal o “esquema Ponzi”, se advierte cierta sofisticación entre los integrantes, algunos de ellos de nombres conocidos dentro de la Justicia. Tres de los policías detenidos son hijos de represores condenados a prisión perpetua en los juicios contra el terrorismo de estado.
Volviendo a los recientes operativos, el pasado viernes se detuvo en su domicilio de barrio Paso de los Andes –pasaje Bobone al 500– al subcomisario de la Comisaría 9ª Federico Barrionuevo. Allí hubo efectivos policiales que se apostaron a las 6 para resguardar el escenario, dos horas antes de que se iniciaran los allanamientos. Esto parece haber generado que el jefe policial haya comenzado a hacer movimientos para evitar ser comprometido.
Según relataron a La Voz fuentes policiales, todo pasó muy rápido y pronto los oficiales de la ley debieron “patear” la puerta porque de adentro no abrían. Cuando entraron, Barrionuevo le entregó su celular a su pareja, pero pronto el teléfono fue secuestrado. En ese aparato, los pesquisas creen que encontrarán información muy valiosa.
Pero eso no era todo en materia de prueba contundente. Minutos después, quienes hicieron el allanamiento se encontraron con dos sorpresas: La primera, una máquina para contar billetes, como las que se usan en bancos, financieras y casas de cambio.
La otra sorpresa provino de un vecino, que les avisaba a los policías que en su patio desde la casa allanada habían arrojado una media, en cuyo interior había tres teléfonos celulares.
Estas evidencias “fuera de programa” pintaron de optimismo el ánimo de los investigadores que siguen avanzando a pasos agigantados desde que, a comienzos de marzo, lanzaron los primeros allanamientos y detuvieron a otras 10 personas.
El otro detenido este viernes fue el sargento Lucas Torres, quien estaba en su domicilio de la localidad de Toledo, a pocos kilómetros al sudeste de la ciudad de Córdoba. Este efectivo se desempeñaba en el Departamento Transporte de la Policía (barrio Altamira), que volvió a ser allanado.
Otros objetivos intervenidos por orden de Mana fueron la Comisaría 9ª, donde se desempeñaba Barrionuevo, las dependencias del Repracor y de Tecnología y Telecomunicación (ambas en la Jefatura), la División Explosivos (en el Tiro Federal) y una institución privada, la Fundación Mayéutica, en barrio Alberdi.
Todos los detenidos
Por secreto de sumario era difícil conocer el listado de los ahora 12 detenidos, entre los cuales está la que sería una de las principales directivas o fundadoras de esta asociación que recibía dinero a cambio de muy elevados intereses, al menos en cuanto a las promesas. Ella es la abogada Agustina Zulberti, quien habría sido policía y habría sido echada de la repartición. La letrada se estaba desempeñando en la fundación que fue allanada este viernes.
Hay otro civil entre los 12 detenidos, el licenciado en matemáticas Aldo Daniel Moreno, que en realidad sería el “contador” de la organización.
El resto de la lista de detenidos se nutre exclusivamente de policías. Además de Barrionuevo y Torres, desde hace dos semanas están privados de su libertad el comisario Héctor Eduardo Juncos, el oficial (de baja) Luciano Juncos, el sargento ayudante retirado Héctor Hugo Juncos, el sargento Jorge Luis Díaz (que trabajaba en el Repracor) y el sargento Gonzalo José Ruffino.
Pero lo más llamativo entre apellidos que se repiten (como los Juncos) es el de tres hermanos que tienen el mismo o similar apellido, con alguna variación según su inscripción en el Registro Civil. Así, están entre los detenidos la cabo 1° Leticia Celeste Buceta, quien se desempeñaba en el Departamento Transporte; el sargento Mariano José Buceta Antón, quien trabajaba en la División Recarga de Cartuchos para Armas; y la cabo 1° Guadalupe Rocío del Rosario Buceta, quien estaba de licencia sin goce de haberes en la División de Tecnología y Telecomunicación de la Policía.
Además de los apellidos en común, estos hermanos son conocidos en la repartición por tener padres que han tenido relación con la fuerza de seguridad en los años más oscuros de la dictadura cívico militar. Ambos progenitores tienen también algo en común: acumulan severas condenas por violaciones a los derechos humanos.
Ellos son hijos de Mirta Graciela “Cuca” Antón y de José Raúl “Sérpico” Buceta, exintegrantes del Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como “D2″, al igual que el hermano de ella, Herminio Jesús “Boxer” Antón. Los tres fueron integraron la patota “Comando Libertadores de América”. Los tres recibieron condenas de prisión perpetua en los juicios de lesa humanidad.
Como lo afirma Ana Mariani en su libro “Cuca”, Mirta Graciela Antón es “la única mujer sentenciada a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad”.
