Esta corta semana judicial que termina arrojó una novedad que podría “salirse de cauce” entre los límites de la Justicia provincial. La investigación que realiza la fiscal de Casos Complejos Valeria Rissi sobre Adhemar Capital SRL vislumbra un posible entramado de delitos económico-financieros que alcanzaría ribetes federales.
Con sede en la calle Tejeda del Cerro de las Rosas, casa matriz en Catamarca y al menos otra sucursal en Tucumán, la firma conducida por el CEO Edgar Adhemar Bacchiani ofrecía muy elevados intereses para la plaza local, para inversionistas de un mínimo de medio millón de pesos.
La denuncia de un ahorrista que se sintió defraudado por la falta de pago de los compromisos asumidos disparó el accionar de Rissi, quien por el momento lanzó medidas probatorias y no avanzó con imputaciones.
Fuentes conocedoras del movimiento de dinero en Córdoba graficaron a La Voz que esta firma llegaba a pagar un rendimiento efectivo mensual superior a los dos dígitos, para fondos de entre 500 mil pesos y tres millones de pesos. Para capitales superiores, el interés subía.
De acuerdo a los primeros esbozos de la investigación, ese dinero supuestamente iba a una cuenta de Binance, un bróker oficial de criptomonedas. Pero se está indagando si la totalidad de los fondos colectados de los inversores llegaba a esa cuenta. Existe una firme presunción de que buena parte de ese monto global de dinero se desviaba a las necesidades del esquema piramidal, o sistema Ponzi, con el que debían pagarse intereses a los inversionistas.
Lo que pasó en esta oportunidad, como en la caída de muchas maquinarias financieras informales, es que “se descalzó” y se generó la corrida. En Cordubensis (CBI) fue la muerte de su vicepresidente y rumores de corrida lo que impidió que su titular, Eduardo Rodrigo, pudiera afrontar los compromisos. Luego, afloró todo lo peor, con valores de tercera y cuarta categoría, cuyos tenedores podían considerarse estafados. En Aldhemar, se indica desde la misma firma que el descalce fue por el bloqueo de Binance.
En la causa Aldhemar ya se habría verificado que, contra el dinero invertido, los clientes de esta firma recibían un pagaré, lo que estaría confirmando que se está ante la posibilidad del delito de intermediación financiera.
Con la supuesta falta de declaración del origen de los fondos invertidos y de registración impositiva, se estaría hablando de otros dos posibles delitos federales: el lavado de activos y la evasión tributaria.
Nadie sabe calcular el volumen de negocios de esta firma, pero los más conservadores admiten que al menos habría varias “decenas de millones de dólares”. Ese volumen de negocios podría convertir a las financieras Cordubensis (CBI) y Azar-Sánchez (Villa Belgrano) en dos usinas de delitos económicos de escala menor.
El abogado de Adhemar Bacchiani, Jorge Sánchez del Bianco, asegura que un requerimiento del origen de los fondos hizo que se bloqueara la cuenta de Binance, lo que les impidió afrontar los compromisos contraídos. Según indica, junto al codefensor Ricardo Moreno, todos los inversionistas tienen su contrato y el compromiso asumido de pagarles los intereses y el capital.
En Cat n que este es sólo el comienzo.
