El fiscal de Delitos Complejos del 1° Turno de la ciudad de Córdoba, Enrique Gavier, dictó la prisión preventiva de 17 de los 19 acusados de cometer una megaestafa inmobiliaria a decenas de particulares que “adquirieron” terrenos en la zona de Parque Siquiman y alrededores, en el sur del Valle de Punilla.
Quienes están detenidos desde marzo, imputados de asociación ilícita y estafas reiteradas, ahora con prisión preventiva, son Juan Ignacio Coutsiers (42, quien sería líder de la agrupación), su hermano Martín Esteban Coutsiers (46), el padre de ambos Carlos Pedro Coutsiers (74), la escribana pública María Rosario del Milagro Muto (80), Darío Ramón Vidal (42, vendedor y “secretario” de la escribanía), Manuel Alfredo Rojas (50, abogado y escribano), el secretario de gobierno de Siquiman Jorge Gustavo Perchante (53), su esposa Alexandra Michelle Díaz Copello (28), el abogado Raúl Héctor Cano (47), el operador inmobiliario Miguel Ángel Hirles (41), los “falsos apoderados” Víctor Zárate (49) y Rodolfo Román Quiroga (68) y los vendedores inmobiliarios y comisionistas Rodrigo Emanuel Molina (41), Juan Carlos March (74), Alejandro Norberto Cersósimo (43), Juan Ignacio Durand (49) y Emanuel Vélez Britos (37).
En la causa también están imputados los inmobiliarios Javier Gustavo Perano y Julio Néstor Perano, hermanos, que recuperaron la libertad este mes, el primero bajo caución.
A los primeros 17 Gavier decide dictarles la prisión preventiva porque entiende que existe peligrosidad de entorpecimiento a la investigación y riesgo de fuga a partir del pronóstico punitivo. El instructor fundamenta que este colectivo “podría asumir un comportamiento similar y coherente con sus conductas anteriores –verificadas y analizadas en la presente- entorpeciendo el normal desarrollo del proceso penal en ciernes o eludiendo la investigación dándose a la fuga”.
La maniobra
La instrucción describe la maniobra fraudulenta cuya investigación se inició por denuncias de particulares que se quejaron por el engaño al que habrían sido sometidos al venderles terrenos cuyos dueños ni se habían enterado de que eran comercializados.
La banda, liderada supuestamente por Juan Ignacio Coutsiers, se habría valido de un trabajo de inteligencia que detectaba fracciones de tierra en la zona de Villa Carlos Paz, Bialet Massé, Villa Parque Siquiman, Cosquín y Tanti. Los propietarios estaban alejados, habían dejado de pagar impuestos o tenían algún inconveniente en sus títulos.
Siempre según la acusación, tras esto, colocaban cartelería, hacían publicaciones en Facebook –en Marketplace o con perfiles personales falsos– o en otras redes sociales. Una vez que conseguían clientes, usaban poderes falsos de los titulares registrales, concurrían a una escribanía donde realizaban diversas maniobras “documentales” para dar apariencia de legalidad a la venta y otorgando la ilusión de entregar un título perfecto.
El fiscal dice que los miembros de este grupo conformaron una asociación ilícita con la intención predeterminada de cometer una pluralidad indeterminada de estafas y falsedades documentales, poniendo en marcha un negocio espurio mediante la venta aparente de una gran cantidad de terrenos “ajenos”.
División de tareas
Como en toda asociación ilícita, es requisito la división de tareas y la asignación de roles a cada uno de los integrantes.
Tras la publicidad y captación de clientes, aparecían los intermediarios con falsos o inexistentes poderes de disposición de los dueños de los terrenos. Con esos “instrumentos apócrifos” se desviaba a las víctimas a una única escribanía argumentando que allí estaba la documentación para concretar la operación.
Una vez allí, los compradores eran recibidos por otros miembros de la organización y por una escribana que intervenía para celebrar contratos mediante la certificación y confección de instrumentos públicos, dando así credibilidad y confianza a la negociación.
Para el engaño, los miembros de la banda omitían informar quiénes eran los verdaderos titulares registrales de los terrenos y sólo mencionaban o exhibían poderes falsos.
Los roles de la maquinaria
Juan Ignacio Coutsiers está acusado como presunto jefe de la organización y se indica que controló el Registro Notarial 185 a cargo de la escribana Muto Olmedo. En los hechos, ese lugar está señalado como oficina y centro de operaciones.
A Martín Coutsiers, hermano del anterior, se le adjudica haber proporcionado información clave por su empleo en las oficinas de Catastro de la ciudad de Carlos Paz, lo que le permitió identificar y adquirir inmuebles “abandonados”.
Cano está como supuesto miembro, pero podría recibir un rol más determinante porque habría aportado asesoramiento jurídica a la maniobra delictiva.
Según la instrucción, la escribana Muto Olmedo contribuía a darle aparente regularidad y legalidad a las operaciones materializadas por la asociación criminal. Se asegura que “en la mayoría de los casos recibía a las víctimas que eran derivadas por otros miembros de la organización en la sede del registro a su cargo”. Otras veces “permitía que sus dependientes autorizaran escrituras a su nombre en locaciones distintas a las del registro, haciendo constar falsamente que fueron hechas en su presencia”.
El abogado Rojas, escribano asistente, habría colaborado al confeccionar instrumentos falsos que contenían negocios fraudulentos. Actuaba en la sede de la escribanía, en Ayacucho 72, ciudad de Córdoba. Según datos de la causa, él también recibía, atendía y asesoraba a las víctimas, a las que convencía de la legalidad de la operación y ponía excusas por la inscripción de las ventas en el Registro de la Propiedad.
Siempre según la investigación fiscal, Vidal, el “secretario” de la escribana, se encargó de la atención de las víctimas y en ocasiones leyó los instrumentos a los clientes. Se considera que “prestó colaboración a la empresa delictiva montando una “sucursal” del Registro Notarial N° 185 en un departamento ubicado en Marcos Pellegrini 350, edificio “Miralejos 9″, de Carlos Paz. Actuaba “en reemplazo de la escribana”, para lo cual esgrimía diversas excusas.
El ingeniero civil Carlos Pedro Coutsiers –padre de Juan Ignacio y Martín Esteban– fue presidente del Colegio de Ingenieros de la Provincia y, al ser detenido, era su vicepresidente. Está sospechado de haber brindado a los cabecillas información sobre inmuebles que les permitió identificar cuáles estaban en condiciones de ser vendidos. Además, habría dado dinero para comprar terrenos en el emprendimiento Villa Yuspe.
Perchante y su pareja Díaz Copello compraron lotes en la ampliación de Villa Yuspe, ubicada en San Buena (Punilla), según la Justicia. Este emprendimiento provenía de un remate cuyo comprador no pudo perfeccionar la adquisición. A ambos les adjudican haber comprado otros terrenos de adquisición fraudulenta. Perchante habría intimidado a las víctimas para que, una vez advertidos del fraude, no realicen reclamos o desistan de los ya interpuestos arguyendo conservar influencias por haber trabajado en la Policía Federal.
Durand habría ofrecido lotes fraudulentamente adquiridos, presentándose como dueño de los inmuebles o como intermediario.
Zárate y Quiroga sirvieron de apoderados de los verdaderos titulares registrales de los inmuebles comercializados valiéndose para ello de la utilización de instrumentos apócrifos o inexistentes, según la fiscalía. March intimidaba a las víctimas para que cesaran los reclamos, de acuerdo a la sospecha fiscal.
Britos, Molina, Hirles, Javier Gustavo Perano, Quiroga, Julio Néstor Perano y Cersósimo habrían ofrecido los terrenos por medio de publicidad.
A su vez, Molina y Hirles ocuparon inmuebles a través de acciones violentas, personalmente o contratando a otras personas no identificadas, según la Justicia.
