El “detalle” no pasó inadvertido para los sabuesos antifraudes del fisco: cuatro “contribuyentes” apócrifos que tenían el mismo asesor impositivo en San Francisco, Córdoba, y que no sólo no registraban pagos ni acreditaciones bancarias, sino que, además, facturaban millones.
La serie de irregularidades disparó una denuncia penal de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip, hoy Arca), ante la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo interinamente de María Schianni.
Demasiadas sospechas juntas
Los investigadores del fisco detectaron a ciertos “contribuyentes” que no registraban pagos, empleados, acreditaciones bancarias ni bienes y que, llamativamente, se domiciliaban en lugares humildes.
La sorpresa llegó cuando confirmaron que aparecían facturando montos millonarios en el período 2015-2018.
Estos contribuyentes, “Capoano, Mauricio Daniel”, “Fauda, Cristian David”, “Olivera, Fátima Daiana” y “Sandat SRL” (los socios eran Capoano y Olivera, aunque esta última declaró que solamente prestó acuerdo y firma para la formación de dicha sociedad, pero nunca participó de sus actividades) fueron marcados sistemáticamente como “apócrifos”.
Los pesquisas advirtieron que tales contribuyentes estaban relacionados entre sí (Olivera es la pareja de Fauda, y ellos y Sandat declararon el mismo correo electrónico) y que, además, tenían todos el mismo asesor impositivo.
La sospecha es que se habrían fabricado comprobantes apócrifos por $ 114,2 millones para producir créditos fiscales ilegítimos o erogaciones ficticias.
A partir de la investigación, la fiscal Schianni detectó una serie de maniobras compatibles con la existencia de una “usina” de facturas truchas que habrían integrado Raúl Esteban Salvático, Mauricio Andrés Pizzi, Jorge Omar Tetamanzi y Fernando Jorge Bailone.
Una vez establecidas las direcciones IP que habían sido utilizadas por los contribuyentes apócrifos, la fiscal rastreó a los titulares de los servicios de internet y los domicilios de facturación. Ello permitió conocer que las IP correspondían a distintas personas en San Francisco y en Devoto; entre ellas, Pizzi.
Como supuesto “proveedor” e “imprentero”, Pizzi habría confeccionado las boletas apócrifas y también “asesorado” a distintos “clientes” sobre facturación. Luego, habría entregado el material a Salvático, quien habría sido quien “levantaba” los pedidos de facturación trucha.
Las intervenciones telefónicas arrojaron numerosas conversaciones entre Salvático y Pizzi relacionadas con operatorias ilegales, ya que se refirieron a la compraventa de facturas “truchas” (como ellos las definieron), “pedidos” y hasta una maniobra utilizada para dar mayor credibilidad a esos comprobantes.
En otra ocasión, Salvático le consultó a Pizzi si podía realizar una factura por un monto específico, pero el “asesor” le respondió que no sería posible porque se trataba de una cifra “muy grande” y que debía hacerse una factura a nombre de alguien “existente”.
Los investigadores advirtieron, a través de una escucha, un dato llamativo que no pasó inadvertido: la necesidad de conseguir un repuesto para la impresora térmica comandera de Pizzi. El artefacto es un elemento utilizado frecuentemente en la impresión de facturas, tickets o comprobantes.
Pizzi le confirmó a Salvático que había podido “salir del apuro” porque había conseguido que unos amigos le prestaran una máquina para terminar uno de los trabajos, lo que para el juez federal subrogante de San Francisco, Sergio Pinto, quien los procesó, el dato es demostrativo del supuesto “vínculo comercial” de ambos.
¿”Intermediario” y otro “imprentero”?
La fiscal estableció que Tetamanzi habría desempeñado el rol de “intermediario” entre Pizzi y Salvático. Se habría contactado con los destinatarios de los comprobantes, habría recibido numerosos pedidos de facturación (a cambio de una “comisión”) y se habría encargado de conseguir los comprobantes a través de Salvático o de Bailone (tendría antecedentes por robo).
Tetamanzi le dijo a Salvático que le pasaría unos “trabajitos” para hacer, por lo que para el Juzgado Federal no hizo otra cosa que confirmar la relación que tenían para la elaboración de comprobantes falsos.
Bailone, según la fiscal y el juez, habría fabricado los comprobantes truchos solicitados por Tetamanzi y habría “levantado” más pedidos para terceros. Y al igual que Pizzi, también habría asesorado a “clientes”.
Se detectaron diálogos entre Tetamanzi y Bailone, especialmente por un problema en los comprobantes realizados para una empresa, y hasta un encuentro en el que el primero le habría pagado supuestamente por alguna maniobra.
Para el juez, los cuatro imputados habrían integrado una asociación ilícita fiscal que desarrollaba la mecánica ilegal de forma reiterada y habitual. A Salvático le secuestraron $ 1,2 millones, U$S 3.500 y armas de fuego; a Tetamanzi, U$S 2.500 dólares y $ 462 mil, y a Pizzi, 14 rollos para impresión de tickets, facturas y dinero.
Pero resultó llamativo que los efectivos hallaran un pendrive en el cesto de basura de su casa, lo que habría sido una maniobra para descartar información presuntamente comprometedora.
Tetamanzi y Bailone apelaron el procesamiento y la Sala A de la Cámara Federal lo confirmó en el primer caso y lo revocó en el segundo, dictándole la falta de mérito a la espera de que la investigación sea profundizada.
Respecto de Bailone, la Cámara sostuvo que “su accionar se condice más bien como alguien que llevaría adelante dichas tareas ilícitas a título propio y no en calidad de miembro o integrante de la organización delictiva de la que sí habrían formado parte Pizzi, Tetamanzi y Salvático”.
Será la investigación la que determine si Bailone integró efectivamente o no la banda.
