La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba capital confirmó la exención de prisión de Matías Gonzalo Lafuente Sivilotti, sospechado jefe de una asociación ilícita y procesado por presunta alteración dolosa de registros fiscales, lavado de activos agravado y defraudación en perjuicio de la administración pública.
Los vocales Graciela Montesi, Eduardo Ávalos y Liliana Navarro avalaron así lo resuelto en marzo de este año por el Juzgado Federal N° 1 de Córdoba capital, a cargo del subrogante Alejandro Sánchez Freytes. El imputado, sin embargo, no podrá salir del país sin autorización. Los camaristas modificaron además el monto de la caución real, que pasó de cinco millones de pesos a $ 50 millones.
El contador recuperó su libertad en octubre de 2021 y, según argumentó el Juzgado, durante ese tiempo y hasta marzo último no incurrió en inobservancia de las normas procesales.
La causa Lafuente Sivilotti
Lafuente Sivilotti quedó bajo sospecha por presuntamente haber liderado una banda que habría engañado al Estado nacional con la utilización de facturas apócrifas de empresas que funcionaban como “usinas” de boletas falsas.
De acuerdo con la acusación del fiscal federal N° 1 de Córdoba capital, Enrique Senestrari, los imputados vendían las facturas a “clientes” que necesitaban justificar ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) dinero no declarado o “en negro”, ocultando la identidad de los verdaderos vendedores y compradores.
Para el entonces juez federal N° 1 de Córdoba capital, Ricardo Bustos Fierro, se probó la participación de Lafuente Sivilotti en casi todos los hechos por las llamadas entre él y otros miembros de la banda, en las que se daban directivas sobre cómo debían llevarse a cabo las operaciones.
Algunos de los imputados habrían alterado los registros informáticos de contribuyentes del fisco para utilizar sus claves fiscales y poder operar y esconder su verdadera identidad ante los ojos de la Afip. También habrían adquirido irregularmente divisas, valiéndose del régimen de operaciones autorizadas por el Banco Central para acceder al mercado de cambio, adquiriendo los dólares por montos que excedían las restricciones, pero sin importar mercaderías.
No habría sido la única maniobra ilícita. La banda habría lavado activos a partir de la constitución de empresas –entre ellas, Industrial del Norte SA–, por medio de las que habrían adquirido divisas para los supuestos “pagos anticipados de importación de bienes” sin que existieran operaciones reales, habría fugado finalmente las divisas al exterior.
Por otro lado, a través de la empresa La Masía SAS habrían obtenido divisas mediante las exportaciones que registraban, ocultando el origen ilícito de los activos generados por la organización, ya que las firmas usadas para ello no tenían capacidad económica.
Lafuente Sivilotti habría alterado los registros de un contribuyente ante la Afip para emitir facturas falsas, ya sea para su comercialización o para la banda. A su nombre, se generaron facturas a las sociedades anónimas Agroglobal, Cabo San Lucas y Trade Rocmar, “usinas” de facturas apócrifas. En el caso de Cabo San Lucas, se habrían emitido facturas hacia esa firma por más de $ 140 millones a nombre del contribuyente damnificado. Lafuente Sivilotti reconoció haber facturado falsamente a través de esa empresa.
El imputado habría ingresado además a los registros informáticos del fisco con la clave fiscal de la firma Tacuarembó SRL y habría emitido facturas falsas por más de $ 100 millones, para comercializarlas o cubrir necesidades de la organización delictiva. Para consumar las maniobras, Cristian Luis Ríos y Nicolás Ezequiel Reyna Ontivero constituyeron la firma (sin capacidad económica) y le otorgaron a Lafuente el manejo de ella, según lo investigado.
Lafuente Sivilotti habría utilizado la clave fiscal de Rural Space SRL y habría emitido facturas por $ 20 millones, que habría vendido o habrían sido utilizadas por “clientes” de la asociación ilícita o para cubrir necesidades de la banda. Para eso habría contado con la ayuda de Sergio Aram Derhagopian y Sebastián Toranzo.
El contador Gabriel Agustín Céspedes habría alterado los registros fiscales de terceros para emitir facturas apócrifas, y Jorge Alfredo Centeno Novillo habría constituido sociedades sin actividad económica real, para comercializarlas a interesados en adquirirlas ya constituidas.
Pablo Raúl Allocco Delponte habría provisto sociedades y habría gestionado que sus domicilios estuvieran en otras jurisdicciones. También habría adquirido e inscripto a su nombre cinco costosísimos vehículos a nombre de la Constructora del Mediterráneo SA (cuyos socios serían él mismo y su esposa, Nathalie Cindy Rouanet Rapazzo).
Esas erogaciones no tendrían vinculación con la situación patrimonial declarada por Alloco, por lo que la sospecha es que obtuvo dinero de las maniobras ilícitas y habría lavado dinero a través de Industrial del Norte y Constructora del Mediterráneo. Rouanet Rapazzo habría constituido junto con su esposo la constructora y habría puesto bajo su titularidad su millonaria casa.
El contador Sergio Eduardo Scravaglieri habría gestionado el alta fiscal de La Masía, entre otras, constituyéndoles domicilios falsos, y habría generado la apertura de cuentas para realizar las supuestas operaciones de comercio exterior. También habría integrado otras compañías que funcionaban como “usinas” de facturas, a través de la cual realizaba facturas a empresas ligadas a otros imputados.
María Candela Burgos y Santiago Agustín Gobbi Fenoglio constituyeron Industrial del Norte y les habrían otorgado el manejo a Lafuente Sivilotti, Allocco Delponte y Centeno Novillo, quienes habrían gestionado el alta fiscal para registrar operaciones de comercio exterior que no se habrían consumado.
Industrial del Norte recibió importantes sumas de dinero y compró U$S 287 mil bajo el concepto de pago de importaciones de bienes. Burgos y Gobbi Fenoglio no registraron declaraciones juradas, con lo cual no podrían justificar la generación de ingresos ni respaldar las acreditaciones.
Cuando entregaron la empresa a Lafuente, Alloco Delponte y Centeno Novillo, estos habrían depositado en cuentas de esa firma más de $ 78 millones y luego habrían adquirido más de U$S 1 millón para supuestos “pagos” que no se habrían realizado. Lafuente Sivilotti, Allocco Delponte y Centeno Novillo habrían fugado las divisas al extranjero.
Claudio Abregú Vukovic (con pedido de captura) y Eduardo Carlos de La Fuente habrían constituido La Masía entregándoles el manejo a Lafuente Sivilotti, Scravaglieri y Centeno Novillo, quienes habrían gestionado su alta fiscal y la apertura de las cuentas.
Lafuente Sivilotti y la esposa, con la participación de los padres del primero (Francisco Adolfo Lafuente y Teresa del Valle Sivilotti), habrían adquirido varios vehículos por cifras millonarias (una Toyota Hilux, una Chevrolet Rural Tracker y un Honda HRV). La pareja también habría comprado un inmueble para presuntamente lavar el dinero espurio de la banda.
Fallos de la Cámara
En 2021, Bustos Fierro procesó a los imputados, pero después declaró la nulidad de los informes remitidos por la Afip, amparados en el secreto fiscal, y también de los actos posteriores, por lo cual ordenó la libertad de Lafuente Sivilotti.
La Cámara confirmó la medida de Bustos Fierro, pero Casación Penal hizo lugar a los planteos de Senestrari y del fisco (querellante), con lo que revocó la resolución de primera instancia y ordenó al juez que siguiera instruyendo.
En agosto, la Cámara de Córdoba confirmó el procesamiento de Lafuente Sivilotti en la mayoría de los hechos (la defensa planteó una casación, pero no fue admitida por la Cámara), y le revocó un hecho de lavado. También se confirmaron los procesamientos de sus padres. Su esposa quedó comprometida por supuesta defraudación por administración fraudulenta y lavado, aunque se le revocó el procesamiento por asociación ilícita y alteración dolosa de registros.
No apelaron su procesamiento, dictado por el entonces juez N° 1 Ricardo Bustos Fierro en 2021, Ríos, Fenoglio, Toranzo, De la Fuente; y la Cámara tuvo por tácitamente desistidos los recursos de Ontivero, Centeno Novillo, Allocco Delponte, Rouanet y Burgos. Resta que se complete la instrucción y se profundice la investigación tras los revocamientos de algunos hechos adjudicados a Ruffa, Lafuente y Scravaglieri.
Ahora, la Cámara confirmó la exención de prisión a Lafuente Sivilotti luego de que el fiscal federal N° 1, Enrique Senestrari, apeló. El instructor alertó sobre un posible riesgo procesal, ya que al contador se le endilgó el rol se presunto jefe delictivo, por la serie de maniobras.
Los camaristas consideraron que no había indicios de que Lafuente pudiera eludir el accionar judicial, que no tiene antecedentes, cuenta con arraigo profesional y familiar, no obstaculizó la investigación y ya fue procesado.
