El juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, resolvió este jueves otorgar la libertad a Oscar Masciarelli y Lucas Gallarato, técnicos del Conicet acusados de hacer un uso privado de un laboratorio de alta tecnología de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC). Estaban detenidos desde fines de abril, tras un allanamiento de las instalaciones de Ciencias Exactas, en el campus de la UNRC.
Por otra parte, ordenó en las últimas horas la detención de un hombre que habría colaborado con uno de los imputados para encubrir pruebas. No trascendió su nombre pero versiones dan cuenta de que no trabaja en la universidad.
Todo comenzó en mayo del 2024, cuando una docente de la UNRC advirtió que un grupo de investigación habría estado usando equipamiento, muy sofisticado, y hasta insumos de un laboratorio de la Facultad de Exactas, para hacer estudios particulares.
En principio, la UNRC abrió un sumario. Según el decano de Ciencias Exactas, Germán Barros, en ese momento “no se tomaron medidas porque los primeros denunciados del grupo no pertenecían a la planta universitaria sino al Conicet”.
La rectora Marisa Rovera declaró que la institución “cumplió con todos los procesos institucionales correspondientes” y aportó “toda la información necesaria para esclarecer los hechos”.
Además de Gallarato y Masciarelli, semanas atrás fue detenida la docente Judith Reynaga. Sobre su situación aún no habría una decisión judicial.
La causa sigue en secreto de sumario hasta este viernes.
En la causa hay dos docentes investigadores imputados más, que nunca fueron privados de su libertad: Analía Llanes y Julia Iparraguirre.
La investigación en la Justicia Federal fue iniciada de oficio por Ochoa y delegada al fiscal federal Rodolfo Cabanillas. En principio no se habían dispuesto medidas de coerción pero luego surgieron indicios de un riesgo procesal y detuvieron a los mencionados, para evitar que destruyeran o adulteraran pruebas.
De acuerdo a lo denunciado, en su momento, este personal de apoyo del Conicet habría usado un laboratorio de alta tecnología y hasta insumos de la universidad pública para hacer análisis que comercializaban en forma particular.
Se trata de investigadores conocidos por su trayectoria y, al parecer, que hasta se promocionaban como prestadores de servicios de determinación de hormonas vegetales para empresas privadas de agrobiotecnología.
Aún no se conoce la calificación legal que el juez Ochoa le dará al hecho. Prima facie, se interpreta que las conductas podrían encuadrar en los delitos de peculado, administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública.
