La Justicia Federal avanza en la investigación del uso de un laboratorio de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) para un emprendimiento privado. La situación fue difundida el año pasado por una docente del departamento de Ciencias Naturales de la Facultad de Exactas. Planteó, a través de medios locales, que personal del Conicet estaría utilizando indebidamente un laboratorio universitario para un negocio particular.
De oficio, el juez federal Carlos Ochoa abrió una investigación y, en diciembre, se la delegó al fiscal federal Rodolfo Cabanillas. A fines de abril último, la Justicia ordenó allanamientos en el campus y en domicilios particulares. Además, sorpresivamente, dispuso la detención de tres investigadores. Se trata de Lucas Gallarato, Oscar Masciarelli y Judith Reynaga.
Luego fueron imputadas dos personas más: Analía Llanes y Julia Iparraguirre, quienes permanecen en libertad. Los cinco involucrados ya habrían prestado declaración indagatoria. En las últimas horas, se confirmó que el fiscal Federal Cabanillas rechazó el pedido de excarcelación de los tres detenidos.
Si bien inicialmente no había promovido una medida de coerción (habitualmente estas investigaciones se realizan con los acusados en libertad), habrían surgido indicios de que los imputados tratarían de entorpecer la investigación.
La Justicia habría comprobado que, ante una simple orden de presentación a la UNRC, inmediatamente, los científicos habrían puesto en marcha maniobras coordinadas y deliberadas destinadas a destruir, modificar y suprimir elementos de prueba que los vincularían con delitos.
Según trascendió, fue ese accionar y no la mera gravedad del hecho investigado, lo que decidió al Ministerio Público Fiscal a hacer uso de las detenciones como herramienta para preservar los fines del proceso y asegurar el descubrimiento de la verdad. Se interpreta que, si dejaban libres a Gallarato, Masciarelli y Reynaga muchas de las pruebas de la causa habrían sido irremediablemente destruidas o adulteradas, con el consiguiente perjuicio para el esclarecimiento de los hechos.
Versiones dan cuenta de que, pese a que el juez y el fiscal, ordenaron rápidamente las detenciones al advertir maniobras de obstaculización, los imputados habrían logrado frustrar parcialmente algunos allanamientos y el secuestro de elementos informáticos.
Con todo, las detenciones dispuestas se interpretan como excepcionales, no responderían a un criterio punitivo o de pena anticipada, sino a una necesidad procesal para resguardar los fines del proceso.
De qué se acusa a los tres empleados del Conicet
De acuerdo a lo denunciado, en su momento, por una exintegrante del mismo equipo de investigación, el personal de apoyo del Conicet usaba un laboratorio de alta tecnología y hasta insumos de la universidad pública, para hacer análisis que comercializaban en forma particular. Se trata de investigadores muy reconocidos por su trayectoria y, al parecer, se promocionaban como prestadores de servicios de determinación de hormonas vegetales para empresas privadas de agrobiotecnología.
Aún no se conoce la calificación legal que el juez Ochoa le dará al hecho. Prima facie, se interpreta que las conductas podrían encuadrar en los delitos de Peculado, administración infiel y defraudación en perjuicio de la administración pública.
En el ámbito de la Universidad, se indicó que los investigadores cuestionados pertenecen al Conicet y que, salvo contratos puntuales, no se trata de docentes con relación de dependencia en la casa de altos estudios. En reunión del Consejo Superior se precisó que realizaban sus tareas en el marco de Institutos de doble dependencia UNRC-CONICET, en espacios físicos de los departamentos de Ciencias Naturales y del departamento de Biología molecular de la Facultad de Exactas.
“Este es un hecho que comienza en mayo de 2024 cuando una docente-investigadora del Departamento de Ciencias Naturales hace una denuncia ante quien me precedió en el decanato. Entonces, el Consejo Directivo ordena una investigación sumaria tendiente a dilucidar los hechos advertidos”, explicó el decano de Exactas, Germán Barros.
Sostuvo que se pusieron a entera disposición del Juzgado Federal de Río Cuarto al enterarse de que se había abierto una causa, de oficio.
Barros relató: “En el transcurso de ese periodo se trabajó desde el decanato y la Secretaría Técnica de la Facultad con la Secretaría de Trabajo de la UNRC para que la docente denunciante y el resto del equipo de investigación denunciado firmaran un acta acuerdo (…) y dividir insumos, para que ambas partes pudieran seguir ejerciendo su labor, evitando que compartieran espacios y trabajos”.
“Se trata de una situación inédita pero como autoridades y funcionarios públicos estamos a disposición de la Justicia”, dijo, y comentó que, con el área jurídica, la UNRC analiza la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa federal.
Por su parte, la rectora Marisa Rovera, expresó respecto al caso: “Cuando defendemos la universidad pública, la defendemos sin condicionamientos, sin ocultamientos, hace a nuestra transparencia y a nuestra responsabilidad pública”. “La institución ha cumplido con todos los procesos institucionales correspondientes y ha aportado toda la información necesaria para esclarecer los hechos que, en este momento, están en manos de la Justicia”, añadió.
