Acaso sea sólo la punta de un gigantesco iceberg. Tal vez no todos los casos de maltrato de género llegan a denuncia de las víctimas o a cobrar entidad como para transformarse en sumario y en eventuales sanciones administrativas o condenas penales. De todos modos, el conocimiento público de sólo algunos hechos resulta preocupante, por la cantidad de varones operadores de la Justicia provincial que están siendo cuestionados en su accionar, fueron echados de Tribunales o terminaron con condenas penales.
En los últimos años hubo una preocupante seguidilla de funcionarios o de jueces que terminaron investigados por la Secretaría de Sumarios Administrativos de la Justicia de Córdoba. Algunas de esas investigaciones internas terminaron en destitución, cesantía o renuncia, y unos pocas en condena en una cámara del crimen.
Sin ser exhaustivos, pueden mencionarse los casos más resonantes. Hace pocos días se abrió la investigación al camarista Félix Alejandro Martínez por supuesto acoso sexual a una jueza –de Villa María– que durante años habría sufrido los embates del superior, que le habría hecho proposiciones indebidas. El sumario recién se inicia y resta que el magistrado ejerza su defensa material ante el órgano que analiza las conductas de sus integrantes.
El año pasado, el juez civil y comercial Francisco Martín Flores terminó destituido en un jury luego de que una fiscal y tres tribunales superiores le pidieron un juicio por supuesto maltrato, amenazas y abuso sexual en perjuicio de una expareja. Ahora, como ciudadano común, lo espera en agosto el debate oral y público para determinar eventuales responsabilidades penales que podrían comprometer su libertad.
Recientemente fue condenado el exayudante fiscal Ernesto Martín Morales, quien sometía a maltrato laboral y de género a las mujeres que trabajaban a sus órdenes en una unidad judicial de barrio. Primero, lo echaron de la Justicia y finalmente encontró su pena en una cámara del crimen. La sanción fue de prisión en suspenso, pese a la gravedad de los hechos descriptos.
Hace unos años, quien era secretario del Juzgado Penal Juvenil de 6ª Nominación de Córdoba, Mariano Hernán Cipolla Sánchez, fue detenido en la vía pública a metros de su trabajo, mientras con su teléfono tomaba imágenes debajo de las polleras de mujeres. Luego, terminó cesanteado y con una pena en suspenso, en juicio abreviado inicial.
Siempre en el fuero provincial, un escándalo similar al anterior se produjo hace poco más de un año en los Tribunales de Jesús María y Río Segundo, al descubrirse la instalación de cámaras de video en los baños femeninos. Se involucró al asesor letrado ante ambas sedes, Ginés Martín Jodar, quien terminó renunciando pocos días después, con lo que se cerró la investigación administrativa. Mientras algunos reclamaban profundizar la pesquisa penal, a fin de año se conoció que Jodar fue detenido porque al analizar su celular se halló “material de abuso sexual infantil” (masi).
Hace pocos días, el juez de Ejecución Penal de Córdoba Cristóbal Laje Ros recibió una sanción de 50 jus y una recomendación para mejorar su trato a mujeres –en especial sus empleadas– y a hombres homosexuales. El magistrado continúa en funciones y por el momento no se conocen sanciones mayores.
De todo esto, está claro que desde la conducción del Poder Judicial provincial existe fuerte determinación para apartar a funcionarios y a jueces que tienen conductas reñidas con el respeto a las mujeres y a otras identidades. La vocal del Tribunal Superior de Justicia Aída Tarditti, además de poseer un decisivo accionar en género y en contra de la violencia machista, es quien precisamente tiene a su cargo la Secretaría de Sumarios Administrativos.
Pero también puede acercarse una crítica o, en todo caso, una alerta respecto de lo que sucede en los casos que llegan a ser juzgados en una cámara del crimen: hasta ahora, se aprecian sólo condenas en suspenso. Tal vez deba refinarse la óptica respecto de la gravedad de algunas acusaciones que están por llegar a juicio. Nunca es saludable que alguien aventure pensar que los pobres son quienes llenan las cárceles y a los exfuncionarios judiciales se los trata de manera preferente.
