En medio de la polémica que se ha generado por la entrega de vehículos que hace la Justicia de Córdoba a diferentes instituciones y que tiene sustento en una ley sancionada a partir de 1996, este jueves habló el administrador de los Tribunales provinciales, Luis Sosa.
El tema quedó expuesto luego del siniestro vial protagonizado por el legislador cordobés Oscar González y que costó la vida de una mujer y graves heridas en dos adolescentes.
El funcionario judicial detalló cómo es la entrega de los autos judicializados no sólo a la Legislatura provincial sino también a diferentes instituciones como organizaciones no gubernamentales, municipios y hasta la propia Iglesia.
“Desde que se instala la ley en el 96, el TSJ ha venido dictando acordadas para fijar pautas”, dijo en diálogo con Cadena 3.
“No son todos de alta gama, son autos. Debe tener un fin público, un bombero voluntario, la Legislatura que tiene sus obligaciones y hagan uso oficial. Lo que pasa es que no es que sea la Legislatura, los vehículos se van entregando conforme el orden de fecha de egreso, y conforme el uso que se va a hacer, un auto de alta gama no se lo vamos a dar a un bombero voluntario, ni tampoco lo solicitaría claramente”, agregó.
“La ley establece un plazo para que el tribunal pueda averiguar sobre la posibilidad de que el auto sea devuelto a su legítimo poseedor, y los vehículos siguen siendo objeto de prueba”, continuó.
Sobre los seguros de los vehículos y el mantenimiento aseguró: “En este caso, la ley impone, la obligación de mantenerlo al auto y devolverlo en el mismo estado en que se entregó. La institución deberá pagar el vehículo al costo del mercado, iniciar acciones administrativas. El que hace mal uso, se hace un recurso a la persona que hace el reclamo, quién debe hacerse cargo de los autos es la institución”
Autos judicializados en Córdoba: cómo se hace el pedido y el seguimiento
“El pedido lo hace formalmente la institución sobre que tipo de auto por la tarea que desarrollan , y ponemos a disposición un auto y evalúan si es pertinente para el uso, en ese caso se le entrega. Tiene un seguro contra terceros, se recomienda de la oficina, porque hay muchas instituciones necesitadas, incluidos los bomberos, instituciones de todo tipo, les decimos que hagan seguro contra robo, y contra daño total porque son instituciones que no tienen dinero, si se los terminan robando”, dijo Sosa.
“Se le otorga un permiso formal para circular conforme a la ley, que la patente que tiene es original o no , en este caso se pone original, y una vez al año, tienen que venir y mostrar que ha renovado el seguro, traer la foto del vehículo y el uso”, agregó.
“Nosotros entregamos a la institución que es quién tiene que administrar los actos”, dijo respecto del seguimiento del uso del vehículo.
“Si nosotros damos un auto, a alguien al presidente, y el presidente hace lo que quiere, nosotros no somos responsables. Ayer mismo escuchaba a Hairabedian que está investigando, nosotros le vamos a proveer toda la prueba para lo que está investigando”, remarcó el administrador.
“Ese control lo tienen que hacer como poder legislativo, cada funcionario tiene la obligación de denunciar irregularidades. Y nosotros hacer un seguimiento del auto, cuando tenemos conocimiento de cualquier falta, llamamos a la cabeza de la institución, hacemos un informe, y se desafecta, se ha hecho en innumerables ocasiones. Se hace un legajo auto por auto”, finalizó.
