- Son uniformados involucrados en crímenes y golpizas a ciudadanos en la provincia de Córdoba.
- La mayoría está tras las rejas.
Otra vez, la Policía de Córdoba quedó envuelta en un gravísimo episodio delictivo. A horas de cumplirse seis meses del "gatillo fácil" contra el adolescente Blas Correas, y mientras no cesa el estrépito por las imputaciones contra policías que hace días desfiguraron a golpes a un detenido esposado en una celda de la Departamental de Río Cuarto, en la Capital avanza una delicada causa contra uniformados.
Es la investigación por un supuesto hecho de justicia por mano propia, causa en la que un vecino está detenido e imputado por haber supuestamente estrangulado a otro joven a quien acusaba de robarle el celular.
El caso destila violencia y espanto. Como si no impactara el homicidio, según la causa, el vecino filmó con su celular el momento central del ataque, mientras lo insultaba , para luego compartir el video por WhatsApp.
Y como si no fuera suficiente tampoco, en cadena vienen siendo detenidos policías en torno a este drama ocurrido hace una semana en barrio Yofre Norte, en la ciudad de Córdoba.
Primero, fueron apresados los dos policías del patrullero que llegaron al lugar en primera instancia.
Están acusados de no haber evitado el homicidio. La cámara del móvil los habría captado con actitud esquiva, indiferente y hasta displicente hasta que finalmente llamaron a una ambulancia, según trascendió.
En las últimas horas, se detuvo a otros dos agentes. Se los acusa de encubrimiento: es decir, con acción dolosa, habrían intentado favorecer a los primeros policías.
Según trascendió, al menos uno de ellos quiso alterar una filmación que involucraría a sus camaradas.
No se descarta que puedan producirse más detenciones.
Con estos cuatro policías detenidos, ya son al menos 30 los uniformados de la Policía de Córdoba imputados por graves delitos, como homicidios o golpizas contra personas, en los últimos siete meses en distintos puntos de la provincia.
Se trata del costado más crudo de la violencia institucional: policías, en su mayoría varones y de distintos rangos, que se encontraban en actividad cuando cometieron los hechos.
No se cuentan aquí los casos de violencia de género, como el femicidio cometido por un policía a fin de 2020 (se suicidó); o hechos de violencia urbana, como el crimen contra Lidia Cabrera, ocurrido en Yofre Sur y por el que están detenidos miembros de una familia de expolicías.
Tampoco se cuentan los casos de policías presos por robos o drogas.
El último drama
Todo sucedió el pasado viernes 29 de enero a la madrugada cuando, según la investigación, dos jóvenes le arrebataron el celular a un muchacho, quien salió a perseguirlos.
A la altura de calle Palencia al 2800, en Yofre Norte, el vecino alcanzó a uno de los sospechosos, lo redujo y recuperó el teléfono.
De acuerdo a la causa, en el suelo, el joven sujetó del cuello al acusado y, con una maniobra de defensa personal, lo estranguló. La escena fue filmada y exhibida por WhatsApp.
Por el crimen de Abel Suárez (26), fue detenido el vecino Leandro Daguero, quien tiene 19 años.
A las pocas horas, fueron arrestados los dos primeros policías que acudieron al lugar. Se trata del cabo primero Jorge Alberto Ferreyra y del agente Hernán Campos.
Los tres fueron imputados por homicidio en ocasión de robo, a instancias de la fiscal Patricia García Ramírez. Como terminó la feria, el expediente pasó a manos de la fiscal Claudia Palacios, quien detuvo a otros dos policías en las últimas horas y los imputó por supuesto encubrimiento agravado.
Desde la fiscalía se indicó que se modificarán las imputaciones para los otros acusados.
Grave secuencia
Por sus características y derivación, el caso más grave de esta secuencia es el asesinato de Blas Correas. Por el crimen de este adolescente, ocurrido en agosto, hay 14 policías imputados de distinto rango; ocho de ellos detenidos.
Según la causa; mientras algunos mataron, otros “plantaron” un arma para desviar la pesquisa, al tiempo que algunos jefes empezaron a tener comunicaciones por celular y no por los canales oficiales.
Un mes antes de Blas, hubo otro caso de “gatillo fácil”: el crimen de Juan Ávila en Villa El Libertador.
El hombre fue baleado por policías que andaban en motos y que se marcharon (dejándolo aún agonizante en una casa de Villa El Libertador), sin dar aviso a sus superiores o al 101.
En septiembre, Joaquín Paredes fue ejecutado en Paso Viejo, durante una represión policial.
Tras los casos de “gatillo fácil”, desde el Gobierno se dispuso una amplia purga en la Policía provincial y la comisaria Liliana Zárate reemplazó a Gustavo Vélez, enviado a retiro.
En paralelo, se dispusieron algunas medidas como la creación de un “protocolo” que volvió a enseñarles a los policías cuándo usar sus armas, se ordenó que los suboficiales estudien más tiempo y se dispuso que el Tribunal de Conducta sea controlado por el Ministerio Público Fiscal.
En lo que va de 2021, se siguen registrando graves episodios con más policías involucrados.
