En medio de la sorpresa en el vecindario y de la indignación de la familia de la víctima, se conoció que siete de los ocho imputados por el crimen de Agustín Ávila (16) ya recuperaron la libertad y que esperarán el avance de las investigaciones y la elevación a juicio en esa condición.
Ávila -junto a un primo, su madre y una tía- fueron atacados por una patota durante la madrugada del 8 de enero pasado en la parte posterior del anfiteatro del Festival de Jesús María. y allí recibió una puñalada en la zona del cuello que le quitó la vida en pocos minutos.
Entre los imputados, la mayoría es menor de 18 años y varios de ellos, a su vez, son menores de 16. Todos ellos, excepto un menor de 17, recuperaron la libertad tras pasar poco más de dos meses en el Complejo Esperanza, y en el Centro de Admisión y Derivación o en el penal de Bouwer.
No todos están acusados por el crimen en sí.
También hay imputados por el robo de la gorra, hecho que desató el enfrentamiento y que respondía al modus operandi de la patota esa noche.
Y, según se supo de fuentes con acceso a la causa, material fílmico obtenido esa noche permitió determinar los diferentes grados de participación y de responsabilidades entre los acusados.
Dolor de madre
Mientras prepara una manifestación frente al shopping Patio Olmos de la ciudad de Córdoba para el 19 de este mes, a las 18.30, Vanesa Arrieta hizo un dolorido posteo en sus redes sociales, tras enterarse de la suerte de los sospechosos de haber asesinado a su hijo.
“Todos los asesinos de mi hijo están afuera, pero no se dejen engañar: no son inocentes. El día de juicio pueden volver a estar privados de su libertad”, señaló Arrieta.
Y agregó: “A la justicia le gusta tener delincuentes en las calles, pero pensé que asesinos no. Ahora sé que les da igual porque Agus no es hijo de famosos ni de algún juez ni de un político, pero no sé equivoquen: Agus tiene una familia que está al ciento por ciento y esa familia ya no está compuesta por seis ni por 10 ni por 20, esa familia son miles más”.
En la invitación a la marcha del 19, la familia de Agustín adelantó que quiere pedir la modificación de la ley 22.278 que establece la edad de imputabilidad de los menores.
Salieron a pelear
A medida que avanza la investigación que lleva adelante el fiscal instructor de Jesús María, Guillermo Monti, se van determinando los distintos niveles de participación y de responsabilidades entre los agresores.
La obtención de material fílmico de diferentes domos y cámaras permitió establecer un modus operandi de esa noche. Aunque no hubo una patota “estable” sí hubo un número básico que salió lisa y llanamente a buscar pelea.
Y la de Agustín no fue la única gorra que robaron esa noche. El arrebato era la excusa perfecta para iniciar la pelea que no tenía otro objetivo que marcar territorio.
Los agresores de Jesús María salieron con esa finalidad: mostrarles a los de afuera que ellos eran los dueños de ese territorio.
Al menos, lo hicieron en tres oportunidades esa noche y los registros fílmicos así lo confirman.
“La impresión es que no salieron a matar sino solamente a buscar pelea, pero en el enfrentamiento con Ávila y su familia pudo haber habido un condimento extra que terminó con la tragedia por todos conocida”, señaló una fuente de la investigación.
La versión de la Justicia coincide con lo que la mamá de Agustín ya había planteado durante la última marcha: “Salieron planeando esto. Lo publicaron en sus redes sociales. No fue un accidente, no fue una pelea. Agustín nunca tuvo conflictos con nadie. Todo esto fue planeado, no sobre él ni tampoco sobre una gorra. Creo que salieron a hacer maldad y están acostumbrados a eso”.
La reinserción social
La jueza en lo penal juvenil de Jesús María, Virginia Liendo, tiene entre manos una difícil resolución porque cuenta con la autoridad suficiente para poner en marcha los instrumentos de la Justicia Restaurativa y lograr un acercamiento, en este caso, entre los ofensores de la ley y la comunidad en que viven.
Parte de la ciudadanía de Jesús María está molesta con la presencia de los presuntos responsables de la muerte de Agustín en las calles.
Se corrió la noticia como reguero y los mensajes de Whatsapp dan cuenta de esa molestia.
Si Liendo pusiese en marcha los protocolos, un facilitador podría ayudar a reparar el daño, a partir de un espacio de diálogo y escucha en el que se convoque a la comunidad y al adolescente infractor, para resolver el conflicto que provocó la comisión del delito.
Algunos especulan que si Liendo pusiese en marcha los protocolos, un facilitador podría ayudar a reparar el daño, a partir de un espacio de diálogo y escucha en el que se convoque a la comunidad y al adolescente infractor, para resolver el conflicto que provocó la comisión del delito.
Agustín vivía en barrio Guiñazú, en el extremo norte de la ciudad de Córdoba, y cursaba el quinto año en el Ipet 333, Julio Salusso, de Villa Los Llanos, un colegio técnico con orientación a maestro mayor de obras ubicado algunos kilómetros al norte de su hogar.
Agustín era el mayor de cuatro hermanos varones y estaba de novio con otra adolescente de un barrio próximo a quien conocía de la escuela. y se repartía los días entre ir a la escuela, trabajar en un lavadero de autos y jugar al fútbol. Sus proyectos estaban vinculados a trabajar y ahorrar para comprarse sus cosas.
