Córdoba no ha estado ajena a la avalancha de estafas que se producen desde hace años en todo el país, cualquiera sea su modalidad.
Con medios electrónicos, como el physing o suplantación de identidad a través de mails; de modo telefónico, por citar un ejemplo con los call centers que operan desde la cárcel; todas las modalidades comerciales a través de páginas de internet; las “respuestas” por WhatsApp para cobrar un “bono”, o las financieras que ofrecen intereses astronómicos que finalmente no pueden cumplir. La enumeración y los ejemplos de cada una podrían ser más exhaustivos, pero superarían el espacio disponible.
Entre las últimas, las “financieras”, se inscriben en la provincia de Córdoba las “estafas piramidales” o mediante “esquema Ponzi”.
Importada de Catamarca y de Tucumán, la causa ”Adhemar” involucró a cientos de damnificados por cifras multimillonarias en pesos y en dólares, todos tentados por el ofrecimiento de intereses muy por encima de cualquier entidad crediticia oficial.
Con local en el barrio Cerro de las Rosas, la instrucción es liderada por la fiscal de Delitos Complejos Valeria Rissi. Lo mismo pasó con el expediente abierto “Generación Zoe” por estafas con epicentro en Villa María, con la investigación de Juliana Companys.
Una versión similar a la última es la “Zoe Azul”, una megaestafa convertida en el “riñón” de la Policía de Córdoba, ya que miembros y exintegrantes de esta fuerza ofrecieron a una legión de uniformados colocar sus ahorros para hacerlos crecer muy por encima de lo que el mercado oficial ofrece... con garantía.
Por cierto, como en toda estafa, es necesario aplicar un ardid para que la víctima crea que va a salir ganando y, así, disponga su dinero en manos ajenas. En estos casos, el engaño aprovecha un elemento fundamental para consumar el fraude: el exceso de ambición o la codicia. Quienes se creyeron el cuento de que iban a multiplicar su capital a niveles astronómicos terminaron con las manos vacías.
La causa “Zoe Azul” comenzó con el fiscal José Mana y luego, por su complejidad, pasó a manos de su par Enrique Gavier.
La “financiera azul” funcionó desde 2019 hasta su desarticulación en marzo del año pasado.
La firma era liderada por la abogada María Eugenia Zulberti, quien se había desempeñado como empleada de la fuerza de la Policía de Córdoba hasta 2013 y aprovechaba contactos dentro de la fuerza de seguridad.
Se ofrecían intereses muy superiores a los de mercado sin una inversión o alguna actividad productiva real que pudiera explicar las ganancias que se prometían a pocos meses. Los policías sentían seguridad al ser abordados por una “empresa” que se ofrecía como si estuviera dentro de la institución.
De este modo, hubo más de un centenar de damnificados que perdieron más de 300 millones de pesos, en su momento calculados en más de un millón de dólares. Como parte de la maniobra de engaño, los organizadores contaban con reclutadores que se beneficiaban por incorporar a terceros a la estructura piramidal.
La banda, según la Justicia, funcionaba dentro de la Policía, obviamente sin autorización oficial, como “un círculo de inversiones”. Había que ser policía para entrar, principalmente. De todos modos, los depositantes podían convocar a familiares directos (civiles). Pero se les pedía que fueran bien cercanos.
Más involucrados
En abril pasado, Gavier dio un paso más en la determinación de los integrantes de la organización que él considera una “asociación ilícita”.
El fiscal de Delitos Complejos detuvo a tres personas más, a dos policías y a un civil, relacionados con la maniobra liderada supuestamente por Zulberti. Los nuevos detenidos acusados por asociación ilícita y supuestos estafadores son los uniformados María de los Ángeles Argüello y Mario Fernando Juncos y el civil José Héctor Di Lenardi.
De este modo, ya son 17 los imputados como integrantes de la asociación ilícita, si bien hay dos que están en libertad y uno prófugo.
Resulta interesante advertir cómo, de entre esos 17, los principales imputados trabajaban o tenían alguna relación con la Policía de la Provincia.
La abogada Zulberti integró la Policía y, se indica, habría sido echada de la repartición.
La letrada se estaba desempeñando en la Fundación Mayéutica. El presidente de ese organismo que habría servido de base para la financiera era Roberto Carlos Espinosa, quien se desempeñó en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre los civiles, también está el profesor de Matemáticas Aldo Daniel Moreno, quien habría sido el “contador” de la organización.
Entre los policías está el subcomisario de la Comisaría 9ª Federico Barrionuevo, el sargento Lucas Torres, quien se desempeñaba en el Departamento Transporte de la Policía (barrio Altamira), el comisario Héctor Eduardo Juncos, el oficial (de baja) Luciano Juncos, el sargento ayudante retirado Héctor Hugo Juncos, el sargento Jorge Luis Díaz (que trabajaba en el Repracor) y el sargento Gonzalo José Ruffino.
Represora
Además, están incluidos por la investigación como integrantes de la banda tres hijos de la represora Mirta “Cuca” Antón, única mujer condenada a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos por el “Comando Libertadores de América” en el ámbito del Gran Córdoba durante los años ‘70. Ellos son la cabo primera Leticia Celeste Buceta, quien se desempeñaba en el Departamento Transporte; el sargento Mariano José Buceta Antón, quien trabajaba en la División Recarga de Cartuchos para Armas, y la cabo primera Guadalupe Rocío del Rosario Buceta, quien estaba de licencia sin goce de haberes en la División de Tecnología y Telecomunicación de la Policía. Los tres detenidos también son hijos de José Raúl “Sérpico” Buceta, como “Cuca” Antón, exintegrante del Departamento de Informaciones de la Policía, conocido como “D2″.
En septiembre pasado, el juez de Control y Faltas N° 7, Manuel Sebastián Ayán, confirmó la mayoría de lo actuado por Gavier y mantuvo la acusación de Zulberti como jefa y organizadora de asociación ilícita. En cambio, a Espinosa en una resolución posterior le “bajó” la calificación legal a miembro de la banda y lo dejó en libertad.
También sostuvo el carácter de miembros a Barrionuevo, Mariano Buceta Antón, Letizia Celeste Buceta, Díaz, Héctor Eduardo Juncos, Héctor Hugo Juncos, Luciano Gabriel Franco Juncos, Moreno, Ruffino y Torres.
A Guadalupe Rocío Buceta Antón, el juez le dictó la “falta de mérito” y determinó el cese de su prisión preventiva. Ella y Espinosa son los dos imputados que están en libertad.
El prófugo de la causa es el civil Francisco José Stampfli.
El mecanismo piramidal
Las “inversiones piramidales”, o esquema Ponzi, son consideradas por la Justicia una maniobra de engaño para cometer estafas.
El mecanismo es simple: una persona figura como líder o jefe y convoca a otras dos para que depositen un dinero con la promesa de obtener una ganancia en un plazo determinado.
A su vez, según este esquema, cada una de esas personas debe buscar a dos personas más, quienes también tendrán que hacer depósitos monetarios con la promesa de obtener suculentas ganancias.
El esquema se va repitiendo hacia “abajo” en una suerte de estructura piramidal. Mientras más adeptos haya, más dinero ingresa y van subiendo en la cadena de mandos. Quien queda “antes” o “arriba” recibe cada vez mejores retribuciones, siempre y cuando continúen ingresando inversores.
Todo se viene abajo cuando los depositantes, en cadena, comienzan a pedir la devolución del dinero al mismo tiempo. Como en los sistemas bancarios o financieros, las corridas y la pérdida de confianza fracturan el sistema, que colapsa de inmediato.
Hay un ardid que se repite casi siempre: la banda hace el primer pago a los depositantes. El segundo se vuelve una utopía.
Ese primer pago les hace ganar la confianza en los que reciben su primera retribución, lo que los lleva a convocar a familiares y a amigos que creen en la seriedad del negocio. Al ampliarse la pirámide, ya no se devuelve más nada.
