Un escándalo más se vio por televisión cuando en la puerta del Incaa en Caba hubo manifestación, forcejeos y represión policial. A la ligera se dirá: todo repudiable. Y listo. Pero existe un mar de fondo.
Horas después del enfrentamiento de los sectores del cine con el expresidente del organismo Luis Puenzo, asumió el vicepresidente en su lugar. Se verá cuáles son las medidas que calmarán los ánimos o si no habrá más novedades.
Mientras tanto, José Luis Espert chicanea a Verónica Llinás y la actriz asume la voz de muchos artistas. Cierto comunicador de radio en la Ciudad de Córdoba da el golpe de gracia al sector ya herido y enfatiza temerariamente: “Hace 20 años que el cine nacional hace bodrios, películas horribles que no ve nadie”. Si pensábamos que Espert se había ido al pasto…
En esta película, el episodio puede verse como parte de un drama que involucra a las industrias e instituciones culturales del país.
Se acerca el 31 de diciembre de 2022. Lo que está en riesgo es la posibilidad de gestión del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), el Instituto Nacional de la Música (Inamu), el Instituto Nacional del Teatro (INT), las bibliotecas populares mediante la Conabip, las producciones del Sistema Nacional de Medios Públicos, el Enacom y el Fondo Fomeca, así como el funcionamiento de la Defensoría del Público de los Servicios de Comunicación Audiovisual.
El diputado nacional Pablo Carro (FDT- Córdoba) presentó junto a otros diez legisladores oficialistas un proyecto de ley para restablecer la plena vigencia de las asignaciones específicas de fondos que financian a esas instituciones.
Consultado por La Voz, Carro comenta que, con el recambio de diputados en diciembre de 2021, por reglamento, los proyectos vuelven al punto de partida y deben ser tratados en las comisiones que corresponden. “Tenemos un problema de fondo con la constitución de las comisiones. La única que funciona es la de Presupuesto. Cuando esto se resuelva, la ley está para avanzar rápido. Ya hay compromiso de varios bloques. Debió aprobarse el año pasado”, dice.
En este contexto, los problemas del Incaa son específicos: reclamos de los trabajadores, financiamiento y cuestionamientos del sector. Para Carro, se han visualizado con más intensidad porque las diferentes entidades de la industria audiovisual tienen mayor capacidad de lobby.
Legislar para adelante
Actualmente hay distintas leyes que fueron generando impuestos con asignaciones específicas para el Incaa, el INT, las bibliotecas, etcétera. “Hay por lo menos tres leyes diferentes”, señala el diputado que promueve una sola ley que garantice la actividad.
En los fundamentos del proyecto de Ley se expresa: “Entendemos que atento a la dinámica de las industrias culturales y su actualización, resulta criterioso extender la asignación específica de los impuestos que nutren a los respectivos Fondos de Fomento, por 50 años más hasta 2072. Así como en el debate del Régimen de Fomento de la Economía del Conocimiento que actualizamos desde el Congreso el año pasado”.
Por su parte, el director del Instituto Nacional del Teatro, Gustavo Uano, comentó a La Voz: “Estamos trabajando para que el cambio (que la ley sancionada no entre en vigencia) no suceda. Nada peor para la cultura que entrar nuevamente en el paradigma liberal, en donde la inversión en el área es considerada un gasto superfluo. La misma gestión que degradó el Ministerio de Cultura al convertirlo en Secretaría es la que impulsó y logró sancionar en 2017 la Ley 27.432. Esta ley atenta contra la cultura argentina, a partir de establecer en su Art. 4 la caducidad de las asignaciones especiales que van destinadas a determinadas al fomento de actividades culturales y que son fundamentales su subsistencia y desarrollo”.
En este sentido, toda la actividad queda fuertemente comprometida. Los impuestos se seguirán cobrando pero, eliminadas las asignaciones, irán a parar a Rentas generales.
El Instituto Nacional del Teatro tiene una estructura federal con representaciones en cada una de las provincias y en Caba. “Nos encontramos cohesionados en estado de alerta y movilización, coordinando varias respuestas. Estamos realizando reuniones sectoriales para informar sobre la situación, concientizando y sumando apoyo de legisladores de todas las fuerzas políticas para que acompañen el proyecto de Pablo Carro”, dice Uano.
“La propuesta surge de la preocupación manifestada por productores, realizadores, guionistas, trabajadores, trabajadoras y empresarios vinculados al cine, la televisión, la radio, el teatro y la música. Estos sectores han sufrido durante los últimos cuatro años la sub-ejecución de los fondos con asignación específica, primordiales para la política cultural nacional”, comenta el diputado.
A pesar de la gravedad de la situación, en Diputados no está ocurriendo nada.
Por momentos, puede más el escándalo y los gestos amplificados, mientras una comunidad diversa de artistas y profesionales queda atrapada en los caprichosos tiempos legislativos.
Una ley que ordene la actividad es necesaria. Los representantes de las y los ciudadanos debieran dar el debate y una respuesta. La normativa clara permite mayor control y es una herramienta contra toda arbitrariedad. Cada gestión y el cuidado de los fondos públicos debieran ser meticulosamente revisados. Una ley por sí sola no erradica hábitos y vicios que también van en detrimento de la actividad cultural del país.
A la luz del avance de las plataformas, habrá que analizar de qué manera y a través de qué proyectos pueden ser incluidas como servicios audiovisuales. Hoy están exentas y no tienen ninguna obligación tributaria, tampoco con respecto a la cuota de pantalla, uso de la imagen ni repeticiones.
Por esto, que las comisiones estén ociosas es un lujo que nuestros legisladores no se pueden regalar.
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